En el marco de un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer (8M), el Centro de Economía Política Argentina difundió un informe que analiza el impacto económico de las políticas del gobierno de Javier Milei sobre las desigualdades de género. El documento concluye que las medidas económicas adoptadas en los últimos años no afectan de manera neutral a la población, sino que profundizan las brechas estructurales que ya existían entre varones y mujeres.
Según los datos relevados hasta el tercer trimestre de 2025, la tasa de actividad femenina alcanza el 52,6%, 17,5 puntos porcentuales por debajo de la de los varones, que llega al 70,1%. A esto se suma una mayor desocupación entre mujeres (7,4%) frente a los hombres (5,9%), y también una mayor presencia en el empleo informal: el 38% de las mujeres trabaja en la informalidad, contra el 35,5% de los varones.
La desigualdad se refleja con claridad en los ingresos. El informe señala que los hombres ganan entre un 27% y un 29% más que las mujeres, diferencia que se amplía hasta el 40% en el caso de trabajadores informales. Este escenario deriva en lo que el CEPA denomina “feminización de la pobreza”: las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos, cifra que aumentó respecto al 61,4% registrado el año anterior.
El estudio también destaca que los sectores laborales más feminizados son, al mismo tiempo, los de menores ingresos, como el trabajo doméstico, donde el 98,8% de las personas empleadas son mujeres. Además, la carga del trabajo doméstico no remunerado sigue recayendo mayoritariamente sobre ellas: las mujeres dedican en promedio tres horas más por día que los varones a tareas de cuidado y del hogar, lo que limita su inserción y desarrollo en el mercado laboral.
La contracara de este fenómeno es la “masculinización de la riqueza”. De acuerdo con el informe, el 63% de las personas que integran el sector de mayores ingresos son varones, mientras que las mujeres están subrepresentadas entre quienes pagan impuestos progresivos. Solo el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales y el 30% de quienes pagan Impuesto a las Ganancias son mujeres, lo que refleja también una fuerte brecha patrimonial.
En materia presupuestaria, el CEPA advierte que el Presupuesto 2026 consolida el desmantelamiento de políticas públicas con perspectiva de género iniciado en 2024. Según el relevamiento, 7 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género fueron recortados o directamente eliminados.
Entre los ajustes más significativos aparecen la reducción del 41,7% en la moratoria previsional, el recorte del 17,2% en la Prestación Alimentar y una disminución en las pensiones para madres de siete o más hijos. El único programa que muestra un crecimiento real es la Asignación Universal por Hijo (AUH), con un aumento del 74,6%, interpretado en el informe como una política de contención social frente al ajuste general.
El documento también advierte sobre el virtual desmantelamiento de programas orientados a reducir brechas laborales, como Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven, que fueron eliminados en la planificación presupuestaria para 2026. En paralelo, los programas destinados a asistir a víctimas de violencia de género registraron un recorte global del 86,5% respecto de 2023, mientras que la cantidad de personas asistidas por la Línea 144 cayó un 90% en 2025 en comparación con ese mismo año.
En el área de salud, el informe señala el desmantelamiento casi total de la Educación Sexual Integral (ESI), con una caída presupuestaria del 98%, y recortes en el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. A su vez, durante 2025 no se distribuyó un solo preservativo en el marco del programa de respuesta al VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Otro punto crítico se vincula con las políticas de cuidado. La paralización de la obra pública implicó la eliminación de programas de infraestructura social y construcción de jardines de infantes, y el presupuesto proyectado para 2026 no contempla la construcción de nuevos establecimientos.
El informe también detalla el impacto del modelo económico sobre sectores laborales altamente feminizados. En el trabajo en casas particulares, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron más de 22.000 puestos de trabajo, acompañados por una caída del 35,2% en el salario real. En el ámbito educativo, donde el 73,1% del personal docente son mujeres, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente representó una pérdida cercana al 12% del salario.
En el sistema previsional, el CEPA advierte que las jubilaciones y pensiones explican el 23,1% del ajuste total del gobierno, afectando especialmente a mujeres que perciben haberes mínimos. Al primer trimestre de 2025, la jubilación mínima se ubica un 18,3% por debajo de los niveles de fines de 2023.
Además, el veto presidencial a la extensión de la moratoria previsional implica que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación ordinaria, quedando relegadas a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que paga solo el 80% de la mínima y exige una edad de retiro mayor.
Por último, el informe analiza los efectos de la reforma laboral aprobada este año, que introduce medidas de desregulación del mercado de trabajo. Entre ellas se destacan cambios en el período de prueba para trabajadoras de casas particulares —que pasa de 15 días a seis meses—, la eliminación de herramientas legales para reclamar la reincorporación en casos de despido por embarazo, y la derogación de la Ley de Teletrabajo de Argentina, que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral.
Para el CEPA, el conjunto de estos indicadores confirma que las políticas económicas actuales tienen un impacto diferencial según género, profundizando desigualdades históricas en el acceso al trabajo, los ingresos, los cuidados y la protección social. En ese marco, el informe plantea la necesidad de reabrir el debate público sobre el rol del Estado en la reducción de brechas estructurales entre varones y mujeres.