Durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, el gobernador Axel Kicillof anunció que este año se debatirán importantes reformas vinculadas al sistema de seguridad en la provincia de Buenos Aires, entre ellas una nueva ley para el personal policial y una modificación integral de la normativa de seguridad pública.
Los alcances de estas iniciativas fueron analizados por la abogada y columnista política Gabriela Edith Lorenzo durante el programa Frecuencia Camalote, donde explicó que uno de los proyectos apunta a modificar el régimen de carrera dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Según detalló, la propuesta busca profesionalizar la fuerza e incentivar el ingreso de especialistas en áreas clave como investigación criminal y criminalística.
Actualmente, explicó Lorenzo, cuando profesionales externos ingresan a la fuerza lo hacen en el escalafón más bajo, con un salario cercano al millón de pesos. “La idea es que puedan entrar con un rango más alto para incentivar que esos profesionales quieran sumarse y aportar a la institución”, señaló.
El proyecto también introduce modificaciones en el sistema de ascensos y sanciones disciplinarias. En ese sentido, se plantea que las promociones dentro de la carrera policial se realicen de manera anual y mediante concursos, con el objetivo de reducir la discrecionalidad en las decisiones.
Además, se propone establecer una diferenciación más clara entre faltas leves y graves, junto con un nuevo esquema de sanciones y modificaciones en el régimen de bajas y retiros dentro de la fuerza.
Otro de los puntos destacados tiene que ver con la permanencia de los efectivos en los destinos asignados. Según explicó Lorenzo, la iniciativa busca que los policías permanezcan al menos dos años en la comunidad donde prestan servicio, y hasta tres años en caso de tener familiares a cargo, con el objetivo de fortalecer el vínculo con el territorio.
En paralelo, el Ejecutivo provincial impulsa una reforma integral de la ley de seguridad pública, una normativa vigente desde hace tres décadas.
Uno de los principales cambios que se plantean es ampliar el rol de los municipios en la gestión de las políticas de seguridad.
“La idea es darle mayor intervención a los intendentes y que el Consejo de Seguridad esté integrado por los 135 municipios de la provincia”, explicó Lorenzo.
El debate ya comenzó a generar repercusiones dentro de la Legislatura. Desde el bloque radical en la Cámara de Diputados provincial presentaron un pedido para que se ponga en funcionamiento el actual Consejo de Seguridad Pública antes de avanzar con una reforma de la ley vigente.
Según explicó la analista, el Ejecutivo considera que la normativa actual quedó desactualizada y requiere modificaciones para adaptarse a las necesidades actuales de gestión.
El debate legislativo también tiene una dimensión política interna dentro del oficialismo. Lorenzo recordó que la ley de personal policial fue enviada a la Legislatura en 2022, cuando el actual senador provincial Sergio Berni se desempeñaba como ministro de Seguridad bonaerense.
En ese marco, destacó que recientemente el gobernador recibió a Berni —quien hoy preside el bloque peronista en el Senado provincial— y forma parte de la comisión legislativa que analiza estos proyectos.
Según Lorenzo, ese encuentro puede interpretarse como un gesto político relevante dentro del oficialismo, especialmente en un contexto en el que la conformación de la comisión de Seguridad demoró varios meses.
De avanzar las reformas, la especialista consideró que podrían generar mejoras en el funcionamiento del sistema de seguridad y en la articulación con el sistema judicial.
“Si se logra la profesionalización de la fuerza puede mejorar incluso el trabajo con la Justicia”, concluyó.