En su columna en Frecuencia Camalote, la periodista Gabriela Edith Lorenzo abordó uno de los temas más sensibles de la semana: la deuda de la ANSES con la provincia de Buenos Aires y su impacto directo en las jubilaciones.
“Es un tema técnico, pero que afecta directamente a jubilados y jubiladas”, planteó, al explicar el conflicto que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia y que pone en discusión transferencias por 2,2 billones de pesos.
El punto de partida es claro: desde el 2023 la ANSES dejó de girar fondos al Instituto de Previsión Social (IPS), la caja jubilatoria bonaerense. Esos recursos no son optativos. Según explicó, surgen de un esquema legal que obliga a Nación a cubrir el déficit de las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales.
Ahí aparece una clave para entender el problema. “ANSES tiene que cubrir la diferencia para que un jubilado provincial cobre lo mismo que uno nacional; si ese haber termina siendo más alto por las condiciones de la provincia, esa diferencia la pone la Provincia”, detalló.
En ese marco, cuestionó el argumento del Gobierno nacional, que calificó esas transferencias como “discrecionales” para justificar el recorte de las mismas establecido por decreto de Javier Milei. “Hay leyes que sostienen estos pagos”, remarcó, en referencia al Compromiso Federal de 1999, la Ley de Reparación Histórica de 2016 y el Consenso Fiscal de 2017.
El conflicto derivó en una audiencia judicial y ahora la Corte deberá definir si Nación puede interrumpir esos envíos o si tiene que restablecerlos. Sobre ese punto, Lorenzo planteó que hay expectativas de que la Justicia ordene retomar los pagos o, al menos, fije un plazo perentorio para que el Gobierno Nacional active las auditorías que reclama como paso previo.
Pero más allá de la discusión legal, puso el foco en lo que muchas veces queda afuera: cómo funciona el sistema bonaerense. “La provincia tiene mejores condiciones jubilatorias”, explicó. Entre ellas, destacó que los haberes se calculan sobre el mejor sueldo y que los aumentos de los trabajadores activos impactan directamente en los jubilados.
Esa diferencia no es menor. “Armonizar con Nación implica ajustar”, advirtió, al señalar que detrás de la discusión técnica también hay un debate sobre derechos.
Mientras tanto, la Provincia sigue sosteniendo el sistema con recursos propios. Y ahí aparece la pregunta de fondo: “¿Qué pasa a largo plazo si estos fondos no se restituyen?”, planteó.
La próxima audiencia será el 21 de abril. Para la periodista, lo que se resuelva no es solo una cuestión política: define el futuro del sistema jubilatorio bonaerense y afecta tanto a jubilados actuales como a quienes lo serán en los próximos años.
Escuchá la columna completa: