El programa REPROCANN, que regula el cultivo de cannabis para uso medicinal en Argentina, atraviesa una etapa de modificaciones que generan tanto alivio en algunos aspectos como incertidumbre en otros. Mientras se agilizaron ciertos trámites, también surgieron cambios institucionales que abren interrogantes sobre su futuro.
Uno de los puntos positivos tiene que ver con la reducción en los tiempos de aprobación para nuevos registros y renovaciones. Según explicó Claudia Pérez en diálogo con Aire de Rivera, tras la digitalización del sistema muchas autorizaciones se están resolviendo en menos de 24 horas.
Este cambio se vincula a la automatización de procesos como la carga de datos, el consentimiento informado y la declaración jurada, lo que permitió descomprimir un sistema que hasta el año pasado acumulaba miles de trámites demorados.
Sin embargo, no todos los usuarios se ven beneficiados por esta actualización. Aquellas personas cuyos trámites quedaron pendientes antes de la digitalización podrían enfrentar mayores dificultades. En esos casos, la recomendación es dar de baja la solicitud anterior y volver a iniciar el trámite con un profesional de salud.
A su vez, la referente de organizaciones cannábicas advirtió que también existen situaciones que serán sometidas a un mayor control., porque “los casos de menores de edad y patologías de salud mental van a ser más observados”.
Más allá de lo operativo, el foco de preocupación está puesto en el cambio de órbita del programa, que dejó de depender del Ministerio de Salud para pasar al ámbito del SEDRONAR.
Desde las organizaciones, este traslado es observado con cautela. “Para nosotras el REPROCANN es una herramienta de política pública en salud”, señaló Pérez, quien consideró que la modificación no es un dato menor y podría implicar cambios en el enfoque del programa.
En ese sentido, anticipó que buscarán mantener reuniones con autoridades para conocer con mayor precisión cómo impactará esta decisión en el funcionamiento y los criterios de acceso.
El trasfondo de la discusión remite a un debate más amplio; el lugar del cannabis medicinal dentro de las políticas públicas y el riesgo de retrocesos en derechos adquiridos. Mientras se esperan definiciones, el escenario combina mejoras administrativas con una creciente incertidumbre sobre el rumbo del programa.
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