La tensión entre Nación y la Provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo, esta vez con eje en la licitación de rutas nacionales que atraviesan territorio bonaerense. El gobierno provincial, a través del ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Economía de la Nación por presuntas irregularidades en el proceso.
En juego hay cerca de 1800 kilómetros de rutas nacionales dentro de la provincia, cuya concesión implicará no sólo obras y mantenimiento, sino también la administración de peajes, un punto clave para el bolsillo de los usuarios.
El conflicto se desató luego de que la Provincia decidiera postular a AUBASA, la empresa estatal que ya gestiona corredores como la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Ruta 2, para competir en igualdad de condiciones con oferentes privados. La movida expone dos modelos en pugna: uno basado en gestión pública con reinversión, y otro orientado a concesiones privadas.
Según denunció Katopodis, el proceso licitatorio presenta cambios sustanciales en las reglas de juego; el pliego habría sido modificado en 33 de sus 34 artículos a pocos días del cierre, alterando condiciones técnicas y económicas. Además, se cuestiona un trato desigual entre oferentes, con observaciones más estrictas hacia la propuesta provincial.
Frente a este escenario, la Provincia solicitó la intervención de veedores independientes, incluyendo a las defensorías del pueblo de Nación y Provincia, para garantizar transparencia antes de la adjudicación. El planteo apunta a evitar decisiones ya consumadas que luego resulten difíciles de revertir.
El trasfondo del conflicto no es menor. Desde el gobierno bonaerense advierten que, en caso de avanzar las concesiones privadas, podrían registrarse aumentos significativos en los peajes -de hasta el 170% en algunos tramos- sin garantías inmediatas de mejoras en la infraestructura.
Más allá del cruce político, el tema impacta directamente en la vida cotidiana, porque las rutas son clave para la seguridad vial, y para la logística productiva y la integración territorial de municipios y regiones.
Si no hay respuesta por parte de Nación, en la Provincia no descartan avanzar por la vía judicial.
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