La caída de la recaudación nacional ya comenzó a sentirse con fuerza en la provincia de Buenos Aires. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que Buenos Aires es una de las jurisdicciones donde la conflictividad laboral estatal se expresa con mayor intensidad, con cuatro frentes abiertos: educación, salud, empleo público y Poder Judicial. Mientras docentes y trabajadores de la salud lograron acuerdos salariales recientes, persisten reclamos de estatales y judiciales que exigen una recomposición urgente de ingresos y el pase a planta permanente de miles de trabajadores precarizados.
El informe sostiene que, desde comienzos de 2026, se registraron al menos 92 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país y que más del 80% continúa activo. La provincia de Buenos Aires aparece entre los casos más complejos porque combina sectores donde hubo acuerdos parciales con otros donde el conflicto permanece abierto.
En el caso bonaerense, los gremios docentes y de salud aceptaron aumentos que replican la pauta otorgada al conjunto de los trabajadores estatales provinciales. Sin embargo, esos acuerdos no alcanzaron para desactivar el malestar general. Los trabajadores de la administración pública y los judiciales continúan reclamando una “recomposición salarial de emergencia”, al considerar que los incrementos quedaron por debajo de la inflación acumulada y del deterioro del poder adquisitivo registrado durante los últimos meses. A esto se suma otro reclamo central: el pase a planta permanente del personal temporario y contratado, una demanda que atraviesa distintas áreas del Estado provincial.
El trasfondo de estos conflictos está ligado al deterioro de los recursos que reciben las provincias. Según CEPA, durante el primer trimestre de 2026 las transferencias nacionales a las provincias cayeron 6,1% en términos reales, mientras que la coparticipación retrocedió 8%. Además, los recursos propios provinciales vienen cayendo desde el inicio de la gestión de Javier Milei: entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 la baja promedio fue del 7,3%.
Para una provincia como Buenos Aires, donde buena parte del gasto público se destina al pago de salarios, educación, salud y funcionamiento del Estado, la merma de recursos se traduce rápidamente en tensiones con los trabajadores. El informe remarca que entre el 70% y el 80% del gasto de las provincias está concentrado en servicios sociales y salarios, por lo que cualquier reducción en la recaudación impacta directamente sobre estos sectores.
Aunque el gobierno provincial logró contener parcialmente la situación en educación y salud, todavía enfrenta una fuerte presión de los estatales y judiciales. El reclamo no es sólo salarial: también expresa la dificultad de sostener el funcionamiento cotidiano del Estado en un escenario de caída de ingresos, inflación persistente y creciente precarización laboral. Un esfuerzo de Kicillof que lleva tiempo y se valora, una necesidad de los trabajadores que no deja de ser real.