La crisis social empieza a sentirse con más fuerza en los territorios y los comedores comunitarios aparecen, una vez más, como termómetro de la situación. En diálogo con Frecuencia Camalote, el referente social César Villanueva describió un escenario crítico marcado por el retiro del Estado nacional, el aumento de la demanda y el debilitamiento de las redes comunitarias que sostienen la asistencia alimentaria.
“Desde el primer día de este gobierno hubo un recorte total en la entrega de alimentos y recursos”, señaló, asegurando que muchos espacios dejaron de funcionar y los que siguen en pie lo hacen “con mucha militancia” y el acompañamiento de municipios y de la Provincia de Buenos Aires.
La situación se agrava por el crecimiento sostenido de personas que se acercan a buscar un plato de comida. “Cada vez hay más gente”, resumió, en un contexto donde sostener una olla diaria para 150 o 200 personas se vuelve cada vez más difícil.
En ese marco, destacó el rol de la Universidad Nacional de La Plata, que a través de su planta de alimentos desarrolla viandas secas que hoy llegan a unos 120 comedores de la región. Esas producciones, pensadas inicialmente como complemento, terminaron convirtiéndose en un insumo central ante la falta de otros recursos. “Se transformaron en base de muchas comidas”, indicó.
Sin embargo, el panorama suma un nuevo golpe, el recorte del programa Potenciar Trabajo. De hecho, en los próximos días miles de personas dejarán de percibir ese ingreso, lo que actualmente representa unos 78 mil pesos, que funciona como sostén para comedores, cooperativas y espacios comunitarios. “Va a tener un impacto fuertísimo”, anticipó.
El dato no es menor si se considera su alcance:; con apenas el 0,02% del presupuesto nacional, el programa llegaba a cerca de un millón de personas y, de forma indirecta, a unas cuatro millones. “Para el Estado es mínimo, pero para las familias es una parte clave de sus ingresos”, sostuvo.
Además, marcó que el recorte no solo afecta la asistencia alimentaria sino también el entramado social construido durante años: “Es un ataque contra la organización popular”.
Villanueva también describió el deterioro de las unidades productivas, como las cooperativas de reciclado, donde los ingresos cayeron por debajo de la mitad del salario mínimo debido a la baja en los precios y la competencia con materiales importados.
Frente a este escenario, muchas organizaciones evalúan reducir jornadas laborales para que los trabajadores puedan buscar otros ingresos, una señal clara del nivel de emergencia.
Con presencia en unos 20 barrios de la región, incluidos sectores históricos como Puente de Fierro, Villa Elvira y Romero, lo que hoy está en riesgo es el resultado de décadas de construcción comunitaria.
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