El debate económico en la Argentina suele presentarse en términos abstractos: déficit, inflación, tipo de cambio, equilibrio fiscal. Sin embargo, detrás de esas variables hay comunidades concretas y millones de personas que absorben -de manera desigual- los costos de cada decisión. El último informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) lo sintetiza con crudeza: el ajuste tuvo una geografía definida. Y esa geografía es el conurbano bonaerense.
Desde la asunción de Javier Milei en noviembre de 2023, la estabilización macroeconómica avanzó de la mano de un fuerte recorte del gasto público, caída del consumo y retracción de la actividad. Pero ese proceso no fue parejo: se descargó con mayor intensidad en el principal aglomerado urbano del país.
Los datos lo muestran sin matices. La Provincia de Buenos Aires concentra el 38% de la población nacional y el 24% vive específicamente en el Gran Buenos Aires. Allí, la desocupación alcanzó el 9,5% a fines de 2025, muy por encima del 7,5% nacional, y escaló más de 2 puntos desde 2023. Pero incluso ese número queda corto: el 16,5% de los ocupados busca otro empleo, reflejando el deterioro en la calidad del trabajo.
En términos absolutos, el impacto es contundente: desde noviembre de 2023 se perdieron 280.833 puestos de trabajo registrados en el país, de los cuales 96.243 corresponden a la provincia de Buenos Aires, es decir, más de un tercio del total nacional. A esto se suma la destrucción de empleo en sectores particularmente sensibles: casi 7.900 trabajadoras de casas particulares perdieron su ocupación en la provincia, evidenciando el achicamiento de la clase media.
El deterioro también se expresa en los ingresos. En el Gran Buenos Aires, los salarios privados registrados promedian $1.992.890, por debajo de los $2.086.100 del promedio nacional. Pero la diferencia más significativa está en el poder de compra: medido con una canasta actualizada, el salario real cayó un 8% desde la asunción de Milei, ubicando al conurbano entre las regiones más golpeadas del país.
La presión de los precios completa el cuadro. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumulada en el GBA alcanzó el 299%, por encima del 293% nacional. En alimentos —el rubro que más pesa en los sectores populares— la suba fue del 276%. Pero el dato más significativo está en los servicios: los gastos en vivienda, agua, electricidad y gas se dispararon hasta un 493%, reconfigurando el presupuesto familiar y erosionando cualquier mejora nominal en los ingresos.
El impacto directo de esta dinámica se observa en el consumo. Las ventas en supermercados cayeron un 5,1% interanual en el GBA, contra un 3,15% a nivel nacional, confirmando que el ajuste golpea con más fuerza donde mayor es la concentración de población y menores los márgenes de ingreso.
La estructura productiva tampoco quedó al margen. Desde el inicio de la actual gestión cerraron 21.588 empresas en el país, de las cuales 5.364 están en la provincia de Buenos Aires: uno de cada cuatro cierres. En paralelo, la industria -clave en el conurbano- acumula caídas cercanas al 12% desde 2023 y opera con niveles de utilización de capacidad instalada apenas superiores al 50%, lo que implica miles de máquinas paradas y menor generación de empleo.
El sistema previsional refuerza esta geografía desigual. La provincia concentra el 40% de los jubilados del país, con haberes promedio de $541.901, por debajo de la media nacional y sin alcanzar siquiera el equivalente a dos salarios mínimos. Es decir, el ajuste también impacta con mayor fuerza en quienes ya se encuentran fuera del mercado laboral.
Detrás de cada uno de estos indicadores hay una misma lógica: el modelo económico vigente descarga sus costos en el territorio donde se concentra la mayor densidad social, productiva y laboral de la Argentina. El conurbano no solo reúne población: concentra trabajadores industriales, empleo vinculado al mercado interno y sectores altamente sensibles a la caída del consumo.
El resultado es una transferencia regresiva: mientras los indicadores macroeconómicos buscan estabilizarse, el deterioro se profundiza en el principal aglomerado urbano del país. El equilibrio fiscal, en este contexto, no es neutro. Tiene un mapa, tiene cifras y tiene un correlato social evidente.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿puede sostenerse en el tiempo un modelo que ordena las variables económicas a costa de desordenar la vida cotidiana de millones? El conurbano bonaerense no es un margen del país: es su núcleo. Si allí el ajuste se vuelve estructural, las consecuencias también lo serán. Porque cuando la cuenta siempre la pagan los mismos, el problema deja de ser económico y pasa a ser, inevitablemente, político.