El Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires mantuvo su primera reunión formal desde que Axel Kicillof asumió la presidencia del espacio, en un encuentro que combinó definiciones internas con un fuerte posicionamiento político frente al Gobierno nacional.
Tras más de dos horas de debate, uno de los ejes centrales fue la puesta en marcha de una campaña de afiliación masiva. Según explicó el mandatario, se implementará una aplicación que permitirá iniciar el trámite de preafiliación y acceder a información partidaria, en un intento por ampliar la base militante y modernizar la estructura del partido.
Otro de los puntos destacados fue la institucionalización de la sede partidaria en La Plata, que funcionará como espacio central del peronismo bonaerense. Allí, el PJ buscará consolidarse como un ámbito abierto a la participación de afiliados, dirigentes y representantes de los 135 distritos.
En paralelo, se anunció el lanzamiento de un programa de formación política que estará coordinado por Julio Alak. La propuesta incluirá módulos sobre el contexto internacional, la realidad latinoamericana, la situación argentina y el pensamiento nacional y popular, con modalidad presencial y virtual.
Durante el encuentro también se realizó un diagnóstico de la situación económica y social en la provincia. En ese marco, Kicillof advirtió sobre una crisis “generalizada” que impacta en lo laboral, alimentario y productivo, y remarcó la necesidad de fortalecer el rol del partido en el territorio.
En cuanto a la dinámica interna, el dirigente destacó la existencia de consensos pese a las diferencias. Señaló que, aunque hubo internas en algunos distritos, el proceso se desarrolló sin conflictos y permitió avanzar hacia una agenda común.
Sin embargo, el tono se endureció al momento de analizar la relación con la administración nacional. Desde el PJ bonaerense respaldaron el reclamo del Gobierno provincial por fondos que, aseguran, no están siendo transferidos.
El comunicado difundido tras la reunión cuestiona el rumbo económico del presidente Javier Milei, al que acusan de aplicar un “modelo de ajuste” que afecta áreas sensibles como la educación, la salud, la seguridad social y la obra pública.
En ese mismo documento, el partido también denunció un escenario de “persecución política” y expresó su rechazo a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, a la que calificaron como víctima de una condena injusta.
Finalmente, se convocó a movilizarse el próximo 30 de abril en la antesala del Día del Trabajador, en lo que busca ser una demostración de fuerza política y sindical frente al actual contexto.
