El desgaste libertario: internas, sospechas y una economía que no despega
El oficialismo libertario atravesó otra semana altamente compleja y negativa. Mientras continúan apareciendo revelaciones y sospechas alrededor de Manuel Adorni —desde los 245 mil dólares destinados al arreglo de su vivienda hasta presuntas transferencias vinculadas al mundo cripto— crecen las dudas sobre posibles casos de enriquecimiento ilícito, sobresueldos, malversación de fondos públicos o una combinación de todas ellas. Cada nueva filtración cae como una “cascada” de lodo sobre un gobierno que había construido buena parte de su legitimidad en la promesa de terminar con “la casta”.
La situación escaló aún más cuando Patricia Bullrich pidió públicamente que Adorni presentara cuanto antes sus declaraciones juradas, desatando una interna inesperada dentro del propio espacio libertario. Voces cercanas a la camaleónica senadora cuentan que desde Chile “Pato” llamó al presidente luego de conocerse los montos del arreglo en su casa y le habría dicho lo desacertado de no salir a aclarar oral y formalmente. Al silencio de los hermanos Milei le siguió su aparición pública reclamando celeridad a Adorni, y la reacción fue inmediata: un Javier Milei bastante sacado debió salir, en una entrevista con periodistas afines, a defender a su subalterno tirándose arriba de la bomba y diciendo incluso que la senadora libertaria había “spoileado” una presentación que, según dijeron, ya estaba prevista. También el presidente acusó a quien reformó la casa de Kirchnerista. Esta persona dejó posteriormente en clato que votó a Macri y Milei en las últimas elecciones. Un nivel de improvisación, de violencia y tensión interna difícil de ocultar.
Mientras tanto, el llamado “círculo rojo” comienza lentamente a pensar escenarios pos-Milei y posibles figuras que puedan garantizar la continuidad del modelo económico. Mauricio Macri vuelve a mostrarse cerca de Bullrich y Victoria Villarruel abre diariamente las puertas del Senado a dirigentes, empresarios y sectores políticos, marcando cada vez más distancia con la Casa Rosada. Las fisuras internas ya no son rumores: son escenas públicas.
El tratamiento que buena parte de los grandes medios nacionales comenzó a darle al caso de Manuel Adorni parece marcar un cambio de clima en la relación entre el poder mediático y el gobierno de Javier Milei. Lo que durante meses fue blindaje, relativización o silencio frente a episodios polémicos, hoy empieza a transformarse en investigaciones, filtraciones y coberturas mucho más incisivas. Detrás de ese viraje no sólo aparecen las contradicciones internas del oficialismo, sino también disputas económicas y empresariales que impactan directamente sobre grupos concentrados de comunicación y negocios vinculados al entretenimiento y las telecomunicaciones.
En ese contexto, las tensiones alrededor de la posible fusión de Telecom y Telefónica, y las versiones sobre una posible venta o reconversión de Tecnópolis comienzan a leerse también como parte de una disputa mayor. Por un lado, Milei no quiere que Clarin profundice su monopolio y, por otro, la posibilidad de que el predio mencionado vuelva a convertirse en un espacio fuerte para recitales y espectáculos masivos podría afectar intereses vinculados al negocio del entretenimiento, incluyendo la posición dominante del Movistar Arena, vinculado a La Nación. Como tantas veces en la Argentina, cuando se tensan intereses económicos de gran escala, también se reconfiguran alineamientos editoriales, coberturas periodísticas y niveles de tolerancia política.
Pero quizás el problema más grave para el Gobierno sea otro, y ni hablar para las y los argentinos: la economía no arranca y el malestar social crece. La desaceleración inflacionaria ya no alcanza para tapar la caída del consumo, la pérdida de empleo y el deterioro cotidiano de millones de argentinos. A eso se suma la inminente suba de tarifas del transporte ferroviario, que golpeará de lleno a trabajadores y estudiantes, mientras deja mejores condiciones de negocio para quienes impulsan una futura privatización del sistema ferroviario.
En definitiva, un gobierno que llegó prometiendo terminar con los privilegios parece cada vez más atrapado en las mismas prácticas que denunciaba. Fuerte con los débiles y débil con los poderosos: una definición que empieza a resumir con crudeza el rumbo del experimento libertario.
Paralelamente una noticia sacudió esta semana al cuestionado Poder Judicial. El intento de suicidio del escribano Santiago Busaniche terminó convirtiéndose en mucho más que un episodio dramático de carácter personal: abrió una crisis política e institucional que golpea de lleno a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La aparición de una carta donde dejó expresiones como “He decidido quitarme la vida” funcionó como un verdadero detonante dentro de un escenario ya atravesado por internas feroces, operaciones cruzadas y disputas de poder entre distintos sectores vinculados al máximo tribunal. Lejos de tratarse de un hecho aislado, el episodio expuso un entramado de relaciones informales, tensiones acumuladas y vínculos oscuros que desde hace tiempo sobrevuelan a una Corte cada vez más cuestionada por amplios sectores políticos y sociales.
Lo más delicado quizás no sea solamente el contenido de la carta, sino lo que revela sobre el estado actual del Poder Judicial argentino. Mientras la Corte intenta sostener una imagen de autoridad institucional, por debajo emergen versiones sobre presiones, disputas internas y guerras de posicionamiento que muestran un funcionamiento cada vez más opaco y fragmentado. El caso vuelve a poner en discusión no sólo el poder que concentra el máximo tribunal, sino también los mecanismos de control, transparencia y responsabilidad pública sobre quienes toman decisiones que condicionan buena parte de la vida política argentina. En un contexto de creciente desconfianza social hacia las instituciones, el escándalo deja una sensación inquietante: incluso los espacios que deberían transmitir equilibrio y estabilidad parecen atravesados por crisis profundas y luchas de poder difíciles de disimular.
Kicillof, la disputa por el liderazgo, el dilema estratégico del peronismo bonaerensey la unidad ante el espanto.
La política bonaerense atraviesa un momento de tensión permanente, donde las urgencias económicas y sociales parecen convivir con un peronismo atrapado en discusiones internas que, por momentos, se muestran más dirigenciales que populares. En ese marco, la reciente salida de Axel Kicillof a Córdoba no fue un movimiento menor: mientras el gobernador busca ampliar volumen político, tender puentes federales y consolidarse como una referencia nacional del campo opositor, hacia adentro del propio peronismo las resistencias continúan activas y cada vez menos disimuladas. La fue una fuerte señal política por la intensidad y amplitud de la agenda desarrollada en una provincia históricamente difícil para el kirchnerismo. Con reuniones institucionales, encuentros con trabajadores y sectores productivos, el gobernador buscó posicionarse como una figura con proyección federal, poniendo el eje en la defensa de la producción, el empleo y el rol del Estado frente al ajuste libertario. Más que una simple visita, la recorrida mostró a un Kicillof saliendo del territorio bonaerense y construir volumen político nacional en un contexto de creciente reconfiguración opositora.
También el gobernador hizo su paso por la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y volvió, con sus palabras, a posicionarse como una de las voces más duras frente al modelo económico de Javier Milei, combinando discusión teórica con crítica política concreta. La presentación de su libro funcionó no sólo como un evento académico, sino como una plataforma desde donde cuestionó el rumbo económico nacional, reivindicando el rol del Estado, la protección del empleo y la necesidad de sostener el mercado interno frente a un ajuste que, según planteó, profundiza la recesión y desalienta incluso a sectores empresarios.
Pero, por otro lado, las disputas por el reparto de comisiones en el Senado volvieron a exponer un escenario de fragmentación donde las distintas tribus del oficialismo opositor miden fuerzas, acumulan poder y condicionan cualquier intento de síntesis. Allí aparece nuevamente la interna entre el MDF, La Cámpora y sectores del kirchnerismo que mantienen una postura profundamente crítica hacia Kicillof, incluso cuando el gobernador pareciera crecer en la aceptación popular y aparece como uno de los dirigentes peronistas con capacidad de gestión, volumen electoral y construcción territorial real.
En este sentido, las declaraciones de Teresa García volvieron a poner sobre la mesa uno de los debates más profundos que atraviesa hoy al peronismo: qué tipo de liderazgo necesita construir de cara a 2027. Cuando plantea que el próximo presidente debería ser “un Cámpora” para liberar a Cristina Fernández de Kirchner, no sólo expresa la lealtad política hacia quien sigue siendo la principal referencia del campo nacional y popular, sino también una mirada sobre el poder y la conducción. Pero la Argentina que viene ¿admitirá figuras meramente delegadas?
Igualmente, el problema de fondo quizás sea otro: mientras la sociedad atraviesa una crisis económica feroz, gran parte de la discusión política del kirchnerismo duro continúa orbitando alrededor de la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. La consigna de su libertad se ha transformado en el principal ordenador político y emocional de un sector importante de la militancia. Y es cierto también que, a medida que avanza la causa «Cuadernos», quedan más expuestas las irregularidades del proceso: testigos que relativizan o niegan vínculos directos de la expresidenta, denuncias sobre presiones, aprietes y extorsiones durante la instrucción encabezada por Bonadío y Stornelli, y un expediente cuya construcción judicial sigue siendo objeto de fuertes cuestionamientos políticos y jurídicos.
Sin embargo, la pregunta central sigue abierta: ¿La libertad de Cristina es hoy una demanda prioritaria de la sociedad o fundamentalmente de la dirigencia y la militancia más politizada? Y, sobre todo, ¿esa consigna alcanza para construir una mayoría electoral capaz de derrotar al oficialismo libertario? ¿Primero la libertad de Cristina o primero ganar elecciones y luego accionar en torno a la prisión de la es presidenta? Porque mientras una parte del peronismo discute el pasado judicial de su principal líder histórica, buena parte de la sociedad parece estar esperando respuestas más inmediatas sobre empleo, salarios, tarifas, inseguridad y futuro.
En ese delicado equilibrio se mueve hoy Kicillof: intentando sostener la identidad del campo popular sin quedar absorbido completamente por una agenda judicial que moviliza a los convencidos, pero cuya capacidad de ampliar electoralmente todavía aparece como una incógnita. El riesgo para el peronismo bonaerense, aunque nacionales claro: quedar atrapado en una discusión de palacio mientras la sociedad demanda, cada vez con más urgencia, un proyecto político que vuelva a hablar de presente y futuro.
Pero hubo un punto de encuentro esta semana en la política bonaerense. En un contexto de fuerte crisis económica, caída de la recaudación y aumento de las demandas sociales, alrededor de 70 intendentes bonaerenses de distintos espacios políticos reclamaron a la Legislatura provincial que el 100% del Fondo de Fortalecimiento Municipal sea de libre disponibilidad. Los jefes comunales advierten que muchos municipios atraviesan serias dificultades financieras, incluso para afrontar gastos corrientes y salarios, y sostienen que necesitan mayor autonomía para utilizar esos recursos según las urgencias de cada distrito. Actualmente, una parte de esos fondos está atada a programas específicos definidos por ley, por lo que cualquier modificación requiere acuerdos políticos y una reforma legislativa impulsada conjuntamente entre intendentes, Ejecutivo y ambas cámaras provinciales.