La crisis económica comenzó a mostrar con fuerza su impacto en la economía real de la provincia de Buenos Aires. Más allá de las variables financieras que el Gobierno nacional utiliza para explicar el rumbo económico, desde la administración bonaerense advierten que la recesión ya se traduce en menor producción industrial, caída del consumo, fábricas paralizadas y un fuerte deterioro en las condiciones de vida de las familias trabajadoras.
En su columna de política provincial, la periodista Gabriela Lorenzo hizo una evaluación sobre el tema y dijo que los datos presentados por funcionarios provinciales, Buenos Aires perdió durante el primer trimestre del año una importante masa de recursos provenientes de Nación, producto de la baja en la recaudación y la caída de la coparticipación federal. A esto se suman obras públicas frenadas, programas discontinuados y recortes en transferencias nacionales que, aseguran, profundizan la asfixia financiera sobre el territorio bonaerense.
Desde el Gobierno provincial remarcan que Buenos Aires genera una gran parte de los impuestos nacionales, pero recibe una proporción mucho menor en concepto de coparticipación. En ese marco, sostienen que la caída de recursos equivale a varios presupuestos completos de áreas sensibles como educación, salud y seguridad.
El impacto de la recesión también se observa con claridad en la actividad industrial. La utilización de la capacidad instalada cayó cerca de diez puntos respecto de 2023 y actualmente muchas fábricas funcionan muy por debajo de sus niveles históricos de producción. Sectores clave como la construcción, la industria automotriz y el rubro metalmecánico aparecen entre los más afectados.
En el caso de la construcción, la baja en el despacho de cemento refleja la fuerte desaceleración de la actividad. La industria automotriz, en tanto, registra una caída significativa en la producción y en las exportaciones, especialmente hacia Brasil, situación que derivó en suspensiones de personal y paradas temporales de plantas.
Durante las últimas semanas también se conocieron cierres y reducciones de actividad en distintas localidades bonaerenses. Uno de los casos que generó mayor preocupación fue el de una histórica fábrica de porcelanas en Monte Grande, que tras casi nueve décadas de funcionamiento liquidó su planta y remató sus máquinas. La empresa abastecía gran parte del mercado local y su cierre fue vinculado a la apertura de importaciones y a la eliminación de medidas de protección para la industria nacional.
A esto se suman recortes de personal, suspensiones y frenos en líneas de producción en otras firmas industriales vinculadas al sector automotor y al rubro del neumático, conformando una cadena de impacto que golpea tanto a trabajadores como a pequeñas y medianas empresas proveedoras.
La situación económica también repercute directamente en la vida cotidiana. Desde la provincia advierten sobre el crecimiento del pluriempleo, el aumento del endeudamiento familiar y el uso cada vez más frecuente de créditos y billeteras virtuales para afrontar gastos básicos, incluso alimentos. El fenómeno, aseguran, ya no se limita al sistema bancario tradicional y alcanza también mecanismos de financiamiento informales y de alto riesgo.
En paralelo, el deterioro del poder adquisitivo provoca una caída sostenida del consumo, lo que retroalimenta la baja en la recaudación y profundiza la crisis económica.
Frente a este escenario, el Gobierno bonaerense prepara iniciativas vinculadas a la regulación del trabajo en plataformas digitales y anticipó que la situación productiva y laboral será uno de los ejes centrales del Congreso Provincial del Trabajo que se realizará a fines de mayo en Mar del Plata.
Desde la administración provincial insisten en que la discusión económica ya no puede centrarse únicamente en indicadores como la inflación o el superávit fiscal, sino que debe abordar las consecuencias que la recesión está generando sobre la estructura productiva, el empleo y el entramado industrial de la provincia y del país.
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