La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Mónica Macha, expresó su preocupación por la decisión vinculada a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y aseguró que forma parte de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno nacional que, según consideró, representan un retroceso en materia de derechos y políticas públicas.
En diálogo con Frecuencia Camalote la legisladora sostuvo que el desconocimiento del proceso de selección para designar a la nueva defensora nacional se inscribe en una “seguidilla de acciones” que comenzó con el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y continuó con distintos intentos de modificar o eliminar normativas vinculadas a derechos conquistados en los últimos años.
En ese marco, comentó que el proceso para elegir a la nueva titular de la Defensoría había atravesado distintas instancias institucionales, entre ellas evaluaciones, presentación de proyectos y acuerdos políticos dentro de la comisión bicameral. Sin embargo, cuestionó que ahora se impulse una nueva designación vinculada a sectores que, según afirmó, sostienen posiciones “antiderechos”.
A su vez, hizo foco en el impacto que tendría el debilitamiento de organismos de protección para niñas, niños y adolescentes, especialmente en contextos de vulnerabilidad y violencia. Además, consideró que existe una avanzada política y cultural impulsada desde sectores de ultraderecha que busca desmantelar políticas públicas vinculadas a género, cuidados y derechos sociales.
En otro tramo de la entrevista, mencionó el recorrido histórico del movimiento feminista en Argentina y subrayó que muchas discusiones instaladas durante los últimos años “ya forman parte de la vida social y cultural”. Cuestiones como la violencia intrafamiliar, la desigualdad salarial y las tareas de cuidado lograron ser visibilizadas y politizadas a partir de la organización colectiva.
Por último, la legisladora aseguró que los distintos espacios feministas continúan organizados y trabajando sobre diversas agendas, entre ellas el rechazo a proyectos vinculados a “falsas denuncias”, la defensa de políticas públicas y la preparación de nuevas movilizaciones, en el marco de un contexto económico y social que definió como complejo y desgastante para gran parte de la población.
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