La Legislatura de la provincia de Buenos Aires continúa avanzando en una agenda que combina iniciativas vinculadas a la salud, la inclusión y la seguridad, al tiempo que mantiene abierto el debate sobre la necesidad de cubrir vacantes en el sistema judicial provincial.
Entre las normas recientemente aprobadas se encuentra la adhesión a la Ley Nacional de Diagnóstico Humanizado, una iniciativa que busca garantizar que las familias reciban información adecuada, empática y basada en evidencia cuando se confirma un diagnóstico de síndrome de Down durante el embarazo o tras el nacimiento.
La medida también promueve la capacitación de equipos de salud bajo una perspectiva de derechos humanos y discapacidad, además de facilitar el acceso temprano a terapias y acompañamiento para las familias.
“Se trata de brindar herramientas y acompañamiento desde el primer momento, entendiendo que la forma en que se comunica un diagnóstico también tiene impacto en la calidad de vida de las familias”, destacaron desde distintos sectores legislativos.
Otra de las leyes aprobadas fue la denominada “Ley Joaquín”, impulsada tras la muerte de Joaquín Esteban, un niño de 12 años oriundo de La Matanza que falleció luego de que se le cayera encima un arco de fútbol en un predio deportivo.
La norma establece mayores exigencias de seguridad para estructuras recreativas y deportivas tanto en espacios públicos como privados, obligando a garantizar sistemas de anclaje, contrapeso y controles periódicos.
El objetivo es evitar tragedias similares mediante una fiscalización más rigurosa por parte de los municipios y organismos competentes.
También recibió aprobación una iniciativa destinada a promover la práctica del newcom, una disciplina derivada del vóley adaptada principalmente para personas mayores. A diferencia del voleibol tradicional, la pelota se atrapa y se lanza por encima de la red, reduciendo el impacto físico y favoreciendo la inclusión deportiva.
Más allá de estas iniciativas, uno de los temas que concentra mayor atención es la situación del Poder Judicial bonaerense.
Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la provincia funciona con apenas tres integrantes sobre los siete cargos previstos por ley. A esto se suma la existencia de más de 200 vacantes entre jueces, fiscales, defensores oficiales y otros cargos clave dentro del sistema judicial.
La falta de cobertura genera demoras en la resolución de causas y obliga a recurrir a jueces subrogantes para completar tribunales o intervenir en expedientes complejos, e impactan en áreas sensibles como los procesos de familia, reclamos por cuotas alimentarias, causas ambientales, conflictos laborales y litigios entre municipios y la provincia.
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