La política tiene una regla sencilla: cuando los hechos aislados empiezan a repetirse, dejan de ser hechos aislados.
La aprobación de la compra de las tierras de Palo Blanco vinculadas a la familia Ramallo constituye mucho más que una decisión administrativa. Es un nuevo episodio de una secuencia que viene repitiéndose durante la gestión del intendente Fabián Cagliardi y que vuelve a instalar una pregunta incómoda para el oficialismo: ¿por qué cada operación relevante termina rodeada de ruido, sospechas y preguntas sin respuesta?
El terreno que quedó en el centro de la discusión corresponde a la Parcela 1392C, una fracción de 23.083 metros cuadrados ubicada entre el Camino Palo Blanco y la costa del Río de la Plata. Los antecedentes catastrales indican que la propiedad figuraba en 1963 a nombre de América Cardile de Sabatini, mientras que la titularidad registral quedó posteriormente vinculada al desaparecido Banco Crédito Provincial, entidad que se encuentra en proceso de quiebra desde 1997.
Se trata, por lo tanto, de un predio con una historia dominial compleja, atravesada por décadas de cambios y particularidades jurídicas que vuelven aún más relevante el debate sobre su adquisición por parte del Municipio.
Pero no estamos hablando de un terreno perdido en cualquier rincón de la ciudad.
Palo Blanco ocupa un lugar especial en la memoria de Berisso. Por su ubicación, por su valor ambiental y por la historia de quienes habitan ese espacio desde hace generaciones. Allí la familia Ramallo mantiene una presencia conocida por buena parte de la comunidad. Por eso la discusión excede ampliamente los aspectos técnicos de una compra o una tasación.
Cuando una decisión municipal involucra un lugar con semejante carga histórica y simbólica, resulta natural que aparezcan preguntas. Mucho más cuando los antecedentes recientes obligan a observar cada movimiento con atención.
Todavía resuenan en los ámbitos políticos las palabras de los familiares de Ramallo durante una sesión del Concejo Deliberante:
«Al otro día del allanamiento cae la Municipalidad para hacerse uso de las tierras».
«Es terrible lo que le hicieron pasar a mi papá. Con 70 años tuvo que pasar siete días y medio encerrado».
«No podemos entender el daño que nos ocasionaron, pero fue adrede».
«¿Quién mandó a hacer el desastre que hicieron? ¿Y por qué? ¿Qué quieren con la entrada de las tierras? ¿Necesitan el agua? ¿Necesitan que mi papá no esté porque está molestando?»
Ahora, el pasado 3 de junio, el oficialismo volvió a demostrar que conserva una mayoría disciplinada dentro del Concejo Deliberante. Con 11 votos afirmativos avanzó sobre una operación que, lejos de despejar dudas, terminó multiplicándolas.
Según trascendió durante el debate, la compra involucra tierras ubicadas en Palo Blanco valuadas a partir de tasaciones realizadas por dos inmobiliarias locales, que habrían fijado un valor cercano a los 60 pesos por metro cuadrado. La cifra generó cuestionamientos tanto desde sectores políticos como entre vecinos de la ciudad.
Mientras tanto, vecinos históricos de la familia Ramallo ya comentan la posibilidad de organizar una colecta y presentar una propuesta de compra para que los terrenos vuelvan definitivamente a manos de quienes consideran sus legítimos dueños.
Pequeñas paradojas de la vida berissense
Hay además un elemento que vuelve imposible analizar este expediente como una simple operación inmobiliaria.
El apellido Ramallo forma parte de la historia reciente de Palo Blanco y también de algunos de los episodios más dolorosos que atravesó esa comunidad en los últimos años. Por eso resulta, cuanto menos, llamativo que una familia que quedó expuesta a conflictos, disputas y situaciones traumáticas vuelva a aparecer en el centro de una decisión impulsada por el Municipio.
No se trata de forzar interpretaciones ni de alimentar sospechas sin pruebas. Se trata de reconocer que el contexto existe y que la memoria colectiva también pesa.
Cuando determinados nombres reaparecen una y otra vez en escenarios donde intervienen el poder político, la tierra y los recursos públicos, las preguntas surgen solas. Y en este caso, lejos de disiparlas, la decisión oficial parece haber abierto una nueva serie de interrogantes.
En privado, funcionarios y concejales oficialistas sostienen que todo forma parte de una estrategia de desarrollo para Berisso y que el proyecto terminará beneficiando al conjunto de la comunidad.
Pero entonces aparecen otras preguntas.
Si existe un plan de desarrollo, ¿lo ocurrido años atrás con los históricos habitantes del lugar respondió a denuncias o a una definición política?
¿Por qué no se explica públicamente?
¿Cuál es el proyecto concreto?
¿Quiénes lo diseñaron?
¿Cuál es el estudio de impacto ambiental?
¿Qué medidas se contemplan para proteger integralmente a la comunidad?
¿Qué relación guarda esta iniciativa con el Código de Ordenamiento Urbano?
Sin embargo, el problema no es solamente el valor de la tierra. La cuestión de fondo es otra.
Lo verdaderamente preocupante es la reiteración de mecanismos donde aparecen actores privados vinculados al poder político, operaciones presentadas como indispensables para el interés público y mayorías automáticas que terminan clausurando cualquier debate mediante una votación.
La legalidad formal de un expediente nunca alcanza, por sí sola, para despejar las dudas sobre su legitimidad política.
Más aún cuando el mismo oficialismo que impulsó esta compra viene de aprobar, también con 11 votos, una polémica nómina de Mayores Contribuyentes integrada por proveedores activos del Municipio, situación que despertó cuestionamientos por posibles conflictos de intereses.
Y cuando apenas semanas antes había logrado aprobar la Rendición de Cuentas en medio de denuncias opositoras vinculadas a la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Por eso Palo Blanco no puede analizarse como un expediente aislado.
Es parte de una secuencia.
Una secuencia donde las decisiones sensibles parecen concentrarse en un círculo reducido de poder; donde las explicaciones nunca terminan de convencer; donde cambian los nombres, pero las dudas permanecen.
La presidenta del Concejo Deliberante, Aldana Iovanovich, condujo una sesión en la que el oficialismo volvió a demostrar que cuenta con los números suficientes para imponer su criterio.
Pero la política no consiste solamente en sumar votos.
Gobernar también implica construir confianza.
Y la confianza pública se erosiona cada vez que una decisión termina justificándose por el peso de una mayoría y no por la solidez de sus argumentos.
La expresión «palo blanco» forma parte del vocabulario político argentino desde hace décadas. Describe a quien aparece formalmente como titular o beneficiario de una operación detrás de la cual podrían existir otros intereses.
Nadie puede afirmar livianamente que eso haya ocurrido en este caso.
Pero tampoco puede ignorarse que la acumulación de antecedentes convierte cualquier nueva operación en materia inevitable de escrutinio público.
Ese es, hoy, uno de los principales problemas de la gestión Cagliardi.
Ya no se trata solamente de Palo Blanco.
Se trata de una administración que puede empezar a perder el beneficio de la duda.
Y cuando un gobierno pierde el beneficio de la duda, cada expediente deja de ser un trámite para convertirse en un interrogante.
Por eso la pregunta sigue abierta.
¿Estamos frente a una decisión estratégica para el desarrollo de Berisso o ante un nuevo capítulo de una historia donde vuelven a aparecer los mismos nombres, los mismos mecanismos y las mismas explicaciones insuficientes?
Hasta que esas respuestas lleguen acompañadas de documentación pública, transparencia y acceso irrestricto a la información, Palo Blanco seguirá siendo mucho más que un terreno.
Será un símbolo.