La situación de una familia radicada desde hace más de 40 años en la zona de Palo Blanco volvió a generar polémica luego de que avanzaran distintas acciones vinculadas a la titularidad de los terrenos donde actualmente viven.
En diálogo con «Frecuencia Camalote», Gabriela Diana Serrano relató que el predio fue adquirido por su abuela durante la década de 1970 y posteriormente escriturado en los años 80. Según explicó, la familia Ramallo ha permanecido allí de manera ininterrumpida durante décadas y sostiene que posee documentación que acredita la compra de las tierras.
La entrevistada señaló que el conflicto se intensificó cuando, años atrás, se ingresó maquinaria al sector provocando daños materiales en construcciones y herramientas pertenecientes a integrantes de la familia. A partir de esa situación, indicó que decidieron realizar nuevas mediciones del terreno mediante un agrimensor, instancia en la que detectaron diferencias entre los límites físicos ocupados y los registrados catastralmente.
Fue allí cuando comenzaron con las acciones legales correspondientes para reclamar la posesión del espacio que habitan, argumentando que cumplen con los requisitos establecidos para la usucapión debido al prolongado tiempo de residencia en el lugar.
También cuestionó la actuación del Municipio y del Concejo Deliberante de Berisso, al considerar que distintos organismos avanzaron en decisiones sobre esas tierras sin contemplar la existencia de las familias que viven allí. “Estamos hablando de un lugar donde reside mi familia desde hace décadas. No se trata de un terreno vacío ni abandonado”, afirmó.
Otro de los puntos que generó malestar fue la valuación que habría recibido el predio durante el proceso administrativo, ya que el monto fijado para la operación resultó llamativamente bajo en relación con los valores de mercado de la zona.
Además, expresó su preocupación por lo que considera intereses inmobiliarios detrás de las gestiones realizadas sobre esos terrenos y remarcó que continuará reclamando el reconocimiento de los derechos que, según entiende, le corresponden a su familia.
Por dichos motivos, aseguró que seguirán adelante con las presentaciones judiciales y administrativas necesarias para defender la permanencia de la familia en el lugar.
“Mi abuela tiene 100 años y mi padre más de 70. Es una historia de toda una vida en ese sitio y vamos a seguir defendiendo lo que consideramos nuestro”, concluyó.
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