La Comisión Episcopal de Pastoral Social manifestó su preocupación por el proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» impulsado por el Gobierno nacional y promovido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El planteo fue formalizado mediante una carta presentada ante legisladores nacionales y acompañado por reuniones mantenidas en distintas comisiones del Congreso, donde se expusieron los principales cuestionamientos a la iniciativa.
El documento, producido ahora en forma conjunta por la Comisión de Pastoral Social, Cáritas y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (ENDEPA), reitera la argumentación ya presentada por el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, cuando semanas atrás participó en el plenario de comisiones del Senado donde se discutía la iniciativa, alegó en contra del proyecto y debatió con el ministro desregulador.
Desde la Iglesia advirtieron que la propuesta podría afectar la soberanía sobre la tierra y los recursos naturales, además de limitar herramientas estatales vinculadas al acceso a la vivienda y la protección de sectores vulnerables. Al respecto señalaron que el proyecto prioriza una visión absoluta de la propiedad privada sin contemplar adecuadamente su función social.
Las críticas también fueron compartidas por organizaciones campesinas, movimientos vinculados a la producción de alimentos e instituciones que trabajan en defensa del derecho a la vivienda. Estos sectores sostienen que la flexibilización de las restricciones para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros podría comprometer el control sobre recursos estratégicos para el desarrollo nacional.
En la carta presentada al Congreso, los referentes eclesiásticos remarcaron la necesidad de debatir la iniciativa con una mirada integral que contemple el bien común, la protección ambiental y los derechos de las comunidades. Además, participaron de encuentros y reuniones de comisión para expresar sus observaciones y plantear la apertura de un debate más amplio sobre las consecuencias de la norma.
Mientras el oficialismo busca avanzar con el tratamiento legislativo, las objeciones de la Iglesia y de diversos actores sociales suman presión a una discusión que promete generar un intenso debate en el Congreso sobre el uso de la tierra, la producción de alimentos y el alcance de la propiedad privada en Argentina.
