La visita de Kristalina Georgieva dejó un mensaje que el Gobierno intentó disimular detrás de las fotos y los gestos de respaldo. El Fondo Monetario sigue apoyando el programa económico, pero ya no alcanza con mostrar equilibrio fiscal y baja de la inflación. La advertencia fue otra: sin actividad, empleo y recuperación del mercado interno, el modelo empieza a mostrar sus propios límites.
Durante casi dos años el Gobierno logró instalar una idea sencilla: primero había que ordenar la macroeconomía y después llegaría el crecimiento. El ajuste era presentado como una etapa inevitable, un puente hacia una economía más sólida. La visita de Kristalina Georgieva mostró que incluso el principal aliado internacional de Javier Milei empieza a preguntarse cuánto tiempo puede sostenerse ese puente sin que aparezca la otra orilla.
No hubo cuestionamientos públicos al rumbo económico. Todo lo contrario. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional volvió a elogiar la reducción de la inflación, el ordenamiento de las cuentas públicas y la política económica de Luis Caputo. Tampoco sorprendió. El FMI ha acompañado al Gobierno desde el inicio de su gestión, incluso flexibilizando metas que en otros programas hubieran significado una renegociación inmediata.
Sin embargo, detrás de las fotografías sonrientes, del mameluco de YPF en Vaca Muerta y de las bromas sobre los «dólares bajo el colchón», Georgieva dejó varios mensajes que difícilmente puedan pasar inadvertidos.
El primero tiene que ver con el frente fiscal.
Por primera vez desde que comenzó la administración libertaria, el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo dejó de aparecer como una certeza. Durante el primer semestre el Gobierno no alcanzó el superávit primario comprometido y el resultado mostró un deterioro respecto del mismo período del año anterior. El dato, por sí mismo, quizás no sea dramático. Lo relevante es que empieza a mostrar el agotamiento del principal instrumento sobre el que se construyó todo el programa económico.
Hasta ahora el equilibrio fiscal se sostuvo combinando un fuerte recorte del gasto público con ingresos extraordinarios y una licuación provocada por la inflación. Pero esa estrategia encuentra límites evidentes.
Por un lado, la mayor parte del gasto público ya no admite nuevos recortes sin afectar áreas sensibles o compromisos legales.
Por otro, la recaudación comenzó a resentirse por una razón mucho más preocupante: la economía dejó de crecer.
Cuando las empresas venden menos, producen menos o directamente postergan inversiones, también cae la recaudación tributaria. Cuando las familias consumen menos, el Estado recauda menos. Y cuando las empresas utilizan los impuestos como mecanismo de financiamiento frente a las dificultades financieras, el problema deja de ser exclusivamente fiscal para convertirse en un síntoma de una economía con dificultades para sostener su nivel de actividad.
Es allí donde apareció el mensaje más importante del Fondo Monetario.
Por primera vez desde el inicio del programa, Georgieva puso el foco sobre la economía real.
Reconoció el potencial de sectores como la energía y la minería, celebró el desarrollo de Vaca Muerta y destacó la capacidad exportadora del país. Pero inmediatamente formuló una observación que sonó más a advertencia que a elogio: ese crecimiento todavía no se traduce en una economía dinámica, capaz de generar empleo y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.
No fue una frase casual.
Las PyMEs representan el principal empleador privado de la Argentina y son, al mismo tiempo, uno de los sectores más golpeados por la combinación de caída del consumo, altas tasas de interés y dificultades de financiamiento.
En otras palabras, el propio FMI comenzó a señalar aquello que el Gobierno había decidido relegar durante los últimos meses: la actividad económica.
La preocupación no aparece solamente en Washington.
En las últimas semanas varios economistas que hasta hace poco celebraban casi exclusivamente la baja del Riesgo País y la estabilidad financiera comenzaron a expresar públicamente inquietud por el empleo, la producción y el consumo.
No cambió la economía.
Cambió el diagnóstico.
La discusión dejó de concentrarse únicamente en la inflación para incorporar otra pregunta: ¿qué sucede si la macroeconomía se estabiliza, pero la recuperación nunca llega al aparato productivo?
Ese interrogante también empieza a reflejarse en los indicadores sociales.
Los últimos índices de confianza muestran un deterioro tanto en la percepción sobre la situación económica como en las expectativas hacia el futuro. La sociedad continúa esperando una mejora, pero esa expectativa empieza a perder intensidad a medida que el bolsillo sigue sin mostrar señales claras de recuperación.
El problema para el Gobierno es que sus márgenes de acción aparecen cada vez más estrechos.
Una posibilidad consiste en impulsar una recuperación del crédito privado.
Sin embargo, el fuerte crecimiento de la morosidad durante los últimos meses redujo la capacidad de endeudamiento de millones de familias y volvió mucho más prudentes a las entidades financieras.
La otra alternativa pasa por acelerar inversiones en infraestructura, especialmente aquellas vinculadas al sistema vial mediante concesiones privadas. Pero ese tipo de proyectos demanda tiempos largos y difícilmente produzca efectos significativos en el corto plazo.
Queda entonces la pregunta que sobrevuela tanto al Ministerio de Economía como al propio Fondo Monetario Internacional.
¿Puede el Gobierno sostener indefinidamente una política de ajuste si la actividad económica continúa estancada?
Hasta ahora Javier Milei respondió siempre de la misma manera: profundizando el equilibrio fiscal.
Pero la visita de Kristalina Georgieva dejó entrever que incluso dentro del organismo que más respaldó al Gobierno empieza a instalarse otra preocupación.
Ya no alcanza con estabilizar la economía.
También hay que hacerla funcionar.
Porque ningún programa económico puede consolidarse durante mucho tiempo si los indicadores financieros mejoran mientras la producción, el empleo y el consumo permanecen detenidos.
Ese parece ser el nuevo desafío del Gobierno.
Y, paradójicamente, también el nuevo reclamo del Fondo Monetario Internacional.