Un incendio registrado durante la madrugada del lunes en una estación transformadora de Edelap, ubicada en Tolosa, dejó sin suministro eléctrico a decenas de miles de usuarios de distintos barrios de La Plata y abrió un nuevo capítulo de reclamos por el funcionamiento del servicio, las inversiones y el rol del organismo encargado de controlarlo.
Según explicó la periodista Gabriela Edith Lorenzo, inicialmente fueron entre 60.000 y 65.000 los usuarios afectados. Con el correr de las horas, la cantidad se redujo, aunque todavía permanecían entre 12.000 y 18.000 hogares sin electricidad. Desde la empresa se estimó que el restablecimiento total podía demandar unas 72 horas.
El incendio comenzó alrededor de las 2.30 de la madrugada y afectó una estación transformadora de la distribuidora eléctrica en Tolosa. Las llamas alcanzaron sectores vinculados con las celdas de media tensión y demandaron varias horas de trabajo de los bomberos. Entre las zonas más perjudicadas se mencionaron Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, José Hernández y San Carlos.
La interrupción del suministro eléctrico también generó consecuencias sobre el servicio de agua. Desde Aguas Bonaerenses (ABSA) advirtieron que la falta de energía dejó fuera de funcionamiento distintos sistemas de rebombeo, lo que podía provocar baja presión o directamente falta de agua en algunos barrios. Para intentar mitigar el impacto se instalaron grupos electrógenos y se habilitaron puntos donde los vecinos podían cargar teléfonos celulares y otros dispositivos.
Mientras continuaban los trabajos para normalizar el servicio, el episodio volvió a poner en discusión el estado de la infraestructura eléctrica y las obligaciones de la empresa concesionaria. Hasta el momento, las autoridades habían descartado indicios de que el incendio hubiera sido intencional y lo atribuían preliminarmente a un sobrecalentamiento que habría provocado una explosión y posteriormente la caída de estructuras y la propagación del fuego.
Sin embargo, la explicación no alcanzó para despejar todos los interrogantes. Desde sectores de la oposición comenzaron a reclamar información sobre el mantenimiento de las instalaciones y las inversiones realizadas por la distribuidora. El debate también alcanzó al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas prestadoras.
En ese marco, legisladores opositores volvieron a impulsar pedidos de informes y plantearon la posibilidad de interpelar a las autoridades del organismo. También reflotaron la propuesta de crear una comisión bicameral integrada por senadores y diputados para supervisar el funcionamiento del sistema de control, las sanciones aplicadas ante los cortes y el cumplimiento de las condiciones de la concesión.
La discusión sobre el servicio eléctrico se desarrolla, además, en un contexto de fuerte preocupación por el incremento de las tarifas. Lorenzo recordó que durante las últimas semanas se multiplicaron los reclamos, especialmente en municipios de la costa bonaerense, donde algunos usuarios recibieron facturas con aumentos muy significativos. En algunos casos difundidos públicamente, jubilados pasaron de pagar alrededor de $200.000 a recibir facturas cercanas a los $750.000.
El nuevo cuadro tarifario provincial vigente desde agosto contempla incrementos de entre 1,5% y 3,5%, dependiendo de la categoría y el nivel de consumo. Sin embargo, el valor final de las facturas también está condicionado por otros factores, entre ellos la reducción de subsidios nacionales y el mayor consumo de energía, especialmente en hogares que utilizan artefactos eléctricos para calefaccionarse.
Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) citado durante la columna radial, un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires sin subsidios destinó en julio $295.826 a la canasta total de servicios, que incluye electricidad, gas, agua y transporte. El mismo informe señaló que esa canasta registró un incremento interanual del 53% y que, desde diciembre de 2023, el aumento acumulado habría alcanzado el 966%.
El escenario genera una tensión cada vez mayor entre el costo que deben afrontar los usuarios y la calidad del servicio que reciben. La discusión no pasa solamente por cuánto aumentan las tarifas, sino también por qué nivel de inversión y mantenimiento corresponde exigir a las empresas que prestan un servicio público esencial.
Desde las asociaciones de consumidores también cuestionaron el funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana dentro del organismo de control. El planteo apunta a recuperar espacios donde los usuarios puedan intervenir y expresar reclamos frente a problemas vinculados con el suministro y las tarifas.
Mientras continúan las tareas para recuperar completamente el servicio, los barrios más afectados permanecen bajo especial atención. La falta de iluminación durante la noche también generó preocupación entre vecinos por cuestiones de seguridad, especialmente en zonas donde las calles permanecieron completamente a oscuras.