El Senado bonaerense dio dictamen a un proyecto impulsado por Sergio Berni que busca garantizar la participación de la Provincia de Buenos Aires en el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina, empresa que opera las centrales Atucha I y II, ubicadas en Lima, Zárate.
La iniciativa no plantea impedir la privatización dispuesta por la Ley Bases, sino que propone que el Ejecutivo bonaerense tenga representación durante el proceso para defender los intereses provinciales. El proyecto sostiene que la legislación vigente contempla la participación de las provincias cuando una empresa a privatizar tiene asiento o área de influencia en su territorio.
Uno de los principales argumentos es el valor estratégico de Nucleoeléctrica Argentina; además de producir una parte significativa de la electricidad que consume el país, la empresa cuenta con infraestructura, conocimiento técnico y habilitaciones internacionales cuya construcción demandó años y que, según Berni, deben ser considerados al momento de establecer su valor.
El proyecto también busca evitar que se repitan experiencias como la privatización de Transener, utilizada durante el debate como ejemplo de una empresa que habría sido adquirida por un valor que luego permitió importantes retiros de dividendos.
Otro de los puntos planteados por Berni es el carácter estratégico de la actividad nuclear para Argentina. La discusión, según explicó Gabriela Lorenzo en Frecuencia Camalote, excede la generación eléctrica y se vincula también con el desarrollo tecnológico, energético y geopolítico del país.
La propuesta establece que la representación provincial sea designada por el Poder Ejecutivo bonaerense y contempla además un mecanismo de control legislativo. El proyecto original fue modificado durante el trabajo en comisión a partir de las observaciones realizadas por los asesores de distintos bloques.
El dictamen obtuvo respaldo de sectores de la oposición y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto del Senado. Si avanza, deberá continuar su recorrido por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
La iniciativa busca así que la Provincia tenga participación y capacidad de control en una privatización que involucra directamente a su territorio y a una empresa considerada estratégica para el desarrollo energético nacional.