El Senado de la provincia de Buenos Aires volvió a sesionar después de dos meses y concretó su tercera sesión ordinaria del año, con una agenda atravesada por debates que reflejaron las diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores. Entre los temas tratados estuvieron la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, el futuro del complejo de Chapadmalal, el régimen de juego y distintas iniciativas vinculadas con derechos sociales.
En su columna en Frecuencia Camalote, Gabriela Edith Lorenzo explicó que la sesión había sido convocada de manera sorpresiva y que la ausencia de la vicegobernadora Verónica Magario, ante un eventual viaje del gobernador Axel Kicillof, había generado especulaciones sobre el funcionamiento del recinto y el rol que podía asumir el vicepresidente del Senado, Mario Ishii.
Entre las iniciativas aprobadas se encuentra una ley que establece que los trabajadores de bingos y casinos deberán percibir sus salarios a través del Banco Provincia. También avanzaron proyectos vinculados con la expropiación de un inmueble en San Vicente para desarrollar planes habitacionales y el reconocimiento de la lengua de señas como lengua natural y originaria nacional.
Uno de los principales debates estuvo relacionado con Nucleoeléctrica Argentina S.A. El Senado aprobó una iniciativa del senador Sergio Berni para que la Provincia pueda participar en el procedimiento de privatización de la empresa. El proyecto busca que el Gobierno bonaerense sea convocado a la negociación cuando se discuta la eventual transferencia de activos de la compañía. El expediente fue aprobado el 15 de septiembre y ahora deberá continuar su tratamiento legislativo.
La discusión estuvo atravesada por posiciones contrapuestas. Desde el oficialismo se planteó la necesidad de proteger recursos considerados estratégicos y el patrimonio científico y tecnológico asociado a la actividad nuclear, mientras que desde sectores libertarios se defendió la posibilidad de avanzar con la privatización. Nucleoeléctrica opera, entre otras instalaciones, las centrales Atucha I y Atucha II, ubicadas en la provincia de Buenos Aires.
Otro de los cruces tuvo como protagonista al complejo turístico de Chapadmalal. Una iniciativa impulsada por la senadora Fernanda Raverta propone que la Provincia pueda reclamar judicialmente la titularidad del complejo y reivindica al turismo como una actividad con función social. El debate volvió a poner sobre la mesa las diferencias entre quienes consideran al turismo social una herramienta de acceso y desarrollo económico y quienes cuestionan el financiamiento estatal de ese tipo de políticas.
En el cierre de la columna, Lorenzo abordó la situación del nuevo Régimen Penal Juvenil. La Justicia dejó sin efecto la medida cautelar dictada por la jueza de Lomas de Zamora Marta Elba Pascual, que había suspendido durante 60 días la aplicación del régimen en territorio bonaerense. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó esa decisión, por lo que el régimen nacional puede aplicarse en la Provincia.
La Ley 27.801 establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos y fija como objetivos la responsabilización, educación, resocialización e integración social. La norma fue sancionada en febrero y reglamentada por el Poder Ejecutivo en septiembre. Lorenzo remarcó que el debate no debería concentrarse únicamente en la edad de responsabilidad penal, sino también en las condiciones de infraestructura y en las herramientas necesarias para implementar el nuevo sistema en la provincia.