El antropólogo e investigador del CONICET José Garriga Zucal presentó su nuevo libro, ¿Conurbano Violento?, y analizó en Frecuencia Camalote las distintas formas en que se construyen, legitiman y reproducen las violencias en la sociedad. Uno de los principales ejes de su trabajo cuestiona la asociación directa entre pobreza y violencia y propone observar qué prácticas son consideradas violentas y quiénes tienen el poder de definirlas como tales.
Garriga reconoció que los datos muestran una mayor concentración de homicidios dolosos y personas heridas por armas de fuego o armas blancas en barrios populares, pero advirtió que esos registros no permiten concluir que sus habitantes sean más violentos. “No hay violentos, hay gente que usa más o menos la violencia”, sostuvo, y explicó que ese uso está atravesado por criterios sociales de legitimidad.
Para el investigador, la violencia también debe analizarse en relación con la presencia diferencial del Estado. Como ejemplo, dijo que ante un conflicto entre vecinos en un barrio residencial puede existir una respuesta rápida de las fuerzas de seguridad, mientras que en determinados barrios populares un llamado al 911 puede no obtener la misma respuesta.
Frente a esto, el antropólogo destacó el papel que cumplen organizaciones sociales, políticas y religiosas en la regulación de conflictos dentro de los barrios. Comedores, iglesias y otras organizaciones pueden funcionar como espacios que contienen situaciones de violencia y evitan que determinados enfrentamientos escalen. En esa línea, cuestionó los estigmas que presentan a los habitantes de las villas como sujetos violentos y planteó una pregunta central: “¿Por qué la pobreza no se define como violencia? ¿Por qué el hambre no se define como violencia?”.
Otro de los cambios que identifica en los barrios populares durante las últimas dos décadas está relacionado con el crecimiento del narcomenudeo y el protagonismo de los llamados “transas”. Garriga Zucal explicó que siempre existió venta de drogas, pero que actualmente estos actores ocupan un lugar diferente; además de vender estupefacientes, ofrecen trabajo informal y funcionan como prestamistas. Sin embargo, aclaró que esto no significa que las organizaciones criminales gobiernen los territorios: “Por ahora, en la Argentina no hay lo que se llama un gobierno criminal”.
La investigación aborda las fuerzas de seguridad y las formas en que determinadas prácticas violentas pueden adquirir legitimidad social. La policía puede actuar de manera diferente según el territorio y sostuvo que detrás de esa diferenciación existe una construcción social acerca de qué vidas son consideradas más vulnerables a la violencia.
En otro tramo de la entrevista, el investigador se refirió a las barras de fútbol y comentó que, aunque continúan vinculadas a negocios y relaciones con distintos actores políticos y económicos, actualmente necesitan exhibir menos su capacidad de ejercer violencia. El desarrollo tecnológico en los estadios y los mecanismos de vigilancia modificaron el escenario y llevaron a que muchas de esas prácticas se vuelvan menos visibles.
Finalmente, Garriga destacó la importancia de la investigación científica para comprender estos fenómenos y traducirlos en políticas públicas. “Lo central es pedirle a los Estados nacionales, provinciales y municipales que intervengan en estos temas con una mirada mucho más profunda”, subrayó. Su trabajo, desarrollado principalmente a partir de investigaciones en barrios populares de San Martín, busca precisamente discutir prejuicios y aportar herramientas para comprender las múltiples dimensiones de la violencia.