La morosidad de las familias llegó en julio a niveles que sólo habían sido superados durante la crisis de 2001. El dato aparece junto a una caída sostenida de los salarios reales y aumentos de los servicios esenciales que obligaron a cada vez más hogares a recurrir al crédito para cubrir los gastos de todos los días.
Hay una manera bastante sencilla de saber si el sueldo alcanza: pagar las cuentas. Si después de pagar el alquiler, la luz, el gas, el transporte, la comida y alguna que otra urgencia todavía queda algo para atravesar el resto del mes, la cuenta cerró. Si para llegar al día 30 hay que patear una cuota, refinanciar la tarjeta o pedirle prestado a una billetera virtual, la matemática empieza a ser otra.
Los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestran hasta qué punto esa situación dejó de ser una excepción. En julio de 2026, la morosidad de las familias con entidades financieras llegó al 13 por ciento. En la serie histórica analizada por el organismo, sólo los niveles registrados durante la crisis de 2001 habían sido superiores. En el sector no financiero, la situación es todavía más marcada: la irregularidad alcanzó el 33,9 por ciento, superando incluso los registros de la pandemia.
La cifra puede leerse como un problema de bancos, créditos y deudores. Pero también puede mirarse desde el otro lado del mostrador: ¿qué está pasando con los ingresos de quienes tienen que pagar?
La respuesta aparece en la misma serie de datos. El salario real de los trabajadores registrados, tanto públicos como privados, tuvo una recuperación parcial hasta noviembre de 2024. Desde entonces comenzó un retroceso constante que acumuló una caída del 14,3 por ciento. Al mismo tiempo, la morosidad de las familias con los bancos pasó del 2,5 por ciento en noviembre de 2024 al 13 por ciento en julio de 2026.
No es una fotografía. Es una secuencia.
Primero cae la capacidad de compra. Después aparece la necesidad de financiar lo que antes se pagaba con el ingreso corriente. Y finalmente llega el vencimiento de aquello que se financió.
El crédito, en ese recorrido, funciona durante un tiempo como una especie de respirador financiero. Permite sostener el consumo cuando el salario ya no alcanza. El problema es que el crédito no aumenta el ingreso: solamente posterga el momento de pagar.
Eso es, justamente, lo que señala el informe del CEPA cuando analiza la evolución de los ingresos de trabajadores y jubilados. La masa de ingresos registró durante el período analizado una pérdida acumulada de 8,3 puntos porcentuales. Parte de esa pérdida fue compensada por el endeudamiento de los hogares, que permitió atrasar los efectos del ajuste.
La pregunta es cuánto tiempo puede funcionar ese mecanismo.
Hay un dato que ayuda a entender por qué la respuesta empieza a ser problemática. Desde enero de 2024, los salarios registrados acumularon una suba nominal del 268 por ciento. Pero los servicios esenciales se movieron bastante más rápido. El gas aumentó 2.071 por ciento, el transporte 1.442 por ciento, el agua 544 por ciento y la electricidad 393 por ciento.
La cuenta doméstica no necesita demasiadas explicaciones. Si el ingreso aumenta menos que los gastos que no pueden evitarse, la diferencia tiene que salir de algún lado.
Puede salir de una compra que se posterga. De una salida que se cancela. Del ahorro, si todavía queda algo. O del crédito.
Durante un tiempo, la tarjeta puede resolver la diferencia entre el sueldo y la góndola. El problema aparece cuando la tarjeta empieza a pagar la deuda de la tarjeta. Ahí el crédito deja de ser una herramienta para comprar algo y empieza a convertirse en parte del ingreso que falta.
Los números de morosidad muestran que esa situación no está distribuida de manera uniforme en el país. El informe encuentra una relación entre los salarios provinciales y el incumplimiento de los créditos: las provincias cuyos ingresos se encuentran más alejados del promedio nacional son, en general, las que presentan mayores niveles de irregularidad.
La Rioja, con salarios 31,5 por ciento inferiores al promedio nacional, registra una morosidad del 23,1 por ciento. Santiago del Estero, con ingresos 29,2 por ciento por debajo de la media, alcanza el 18,1 por ciento. Misiones, con salarios 29,7 por ciento inferiores al promedio, registra un 16,9 por ciento de irregularidad.
La relación entre ingresos y deuda vuelve a aparecer.
Pero hay otro dato que permite ponerle edad y rostro al fenómeno.
En julio de 2026 había 4.185.913 personas de entre 25 y 54 años con deudas irregulares. Ese grupo representa el 70,7 por ciento de la morosidad total. Es decir, la mayor parte de quienes tienen problemas para pagar sus créditos se encuentra precisamente en la franja de edad en la que desarrolla su vida laboral y, en muchos casos, sostiene económicamente un hogar.
El segmento de 35 a 44 años concentra, además, los mayores montos de préstamos en situación irregular. Allí se acumulan 4,639 billones de pesos, equivalentes al 30,6 por ciento del total de los préstamos morosos. De ese monto, 3,204 billones corresponden a entidades bancarias y 1,435 billones a billeteras virtuales.
La estadística financiera empieza entonces a contar otra historia.
No habla solamente de personas que dejaron de pagar un crédito. Habla de trabajadores que llegan al final del mes con menos margen, de familias que tienen que elegir qué gasto atender primero y de ingresos que fueron perdiendo terreno frente a los costos cotidianos.
Hay una diferencia importante entre endeudarse para comprar algo y endeudarse para poder pagar lo que ya se necesita.
En el primer caso, el crédito puede ser una decisión de consumo. En el segundo, puede convertirse en una señal de insuficiencia de ingresos.
Y los datos del CEPA permiten observar justamente ese desplazamiento: mientras los salarios reales retroceden, la deuda de las familias crece y la morosidad se dispara.
Por eso el 13 por ciento de morosidad bancaria y el 33,9 por ciento registrado en el sector no financiero no deberían mirarse solamente como estadísticas del sistema crediticio. Son también indicadores de la capacidad de pago de los hogares. Y cuando aparecen junto a una caída del salario real del 14,3 por ciento, la relación entre ambas cosas deja de ser una cuestión puramente financiera.
Hay una escena que no aparece en los gráficos, pero que los gráficos permiten imaginar.
Una persona cobra. Paga. Vuelve a pagar. Mira cuánto queda. Hace cuentas. Recorta alguna cosa. Patea otra. Usa la tarjeta. Después llega la cuota. Y entonces vuelve a hacer cuentas.
No hay ninguna innovación financiera en esa escena. Tampoco hay misterio.
Cuando el ingreso alcanza cada vez para menos, la deuda ocupa el lugar de la diferencia.
El problema es que la deuda tiene memoria. Lo que hoy permite llegar a fin de mes mañana aparece como vencimiento.
Y ahí está quizás la cuestión de fondo que dejan los números: la discusión no debería ser solamente cuánto deben las familias, sino por qué necesitan endeudarse para sostener gastos que antes podían cubrir con sus ingresos.
Porque una tarjeta puede financiar una compra. Una billetera virtual puede adelantar dinero. Un préstamo puede permitir atravesar un mal mes.
Pero ninguna aplicación puede fabricar el sueldo que falta.