Se ha hecho costumbre, un lugar común entre la dirigencia política argentina el uso de una frase a la hora de explicar una decisión difícil de defender: «No le voy a hacer el juego al kirchnerismo o al peronismo». Sirve para justificar una ausencia, un voto o la negativa a acompañar una iniciativa. Se la pronuncia y la explicación parece terminada. Pero la pregunta sigue ahí: ¿por qué tomó esa decisión y qué consecuencias tiene?
Tener diferencias con otro espacio político es parte del trabajo de un dirigente. Puede cuestionar una propuesta, advertir que hay intereses partidarios detrás de una iniciativa o rechazar una medida porque considera que perjudica al país. Lo que no puede hacer es reemplazar los argumentos por el nombre de su adversario. Si votó una ley, si dejó sin quórum una sesión o si decidió no acompañar una medida, tiene que explicar qué defendió con esa conducta. Nombrar al kirchnerismo no responde esa pregunta.
El problema se vuelve más serio cuando la decisión afecta a los mismos sectores a los que el dirigente les pidió el voto. Quien lo eligió puede haberlo hecho por sus ideas, por su partido o porque lo consideró la mejor alternativa. No lo votó para que, una vez en el Congreso, mida cada asunto según la ventaja que pueda sacar el adversario. ¿Desde cuándo evitarle un beneficio político a otro se convirtió en una razón suficiente para votar algo que perjudica a quienes uno representa?
La frase también tiene una utilidad evidente: permite salir de una situación incómoda sin explicar demasiado. “No estoy de acuerdo con todo, pero no voy a hacerle el juego al kirchnerismo”. En esa oración, lo importante queda afuera. No sabemos con qué está en desacuerdo, qué alternativa propone ni por qué considera que su decisión es la correcta. Y cuando esa explicación se repite justo en los momentos en que un voto necesita ser justificado, es lógico que aparezcan preguntas sobre los motivos reales.
Eso no significa que cada vez que alguien utiliza esa expresión esté ocultando un acuerdo. Afirmarlo sin pruebas sería caer en la misma simplificación que se cuestiona. Puede haber diferencias legítimas sobre una sesión, una ley o una estrategia parlamentaria. Pero si un dirigente sostiene que actuó por convicción, debe poder explicar esa convicción sin refugiarse en el temor a que el adversario obtenga algún rédito. Si hubo negociaciones, también corresponde que dé cuenta de ellas con claridad.
El caso de la diputada Gisela Scaglia volvió a poner la frase en circulación. Al explicar su ausencia en una sesión en la que se buscaba tratar, entre otros asuntos, el DNU 70/23, dijo que no quería hacerle el juego al kirchnerismo y negó haber acordado con el oficialismo. Sus argumentos pueden discutirse. Justamente, esa discusión debería concentrarse en la decisión, en sus efectos y en las razones que dio para tomarla, no agotarse en la frase que eligió para explicarla.
Hay algo más de fondo. En buena parte de la política argentina, la discusión sobre las ideas quedó desplazada por el cálculo de cuánto puede ganar el otro. La pregunta ya no parece ser solamente si una medida sirve, a quién beneficia o qué problema resuelve. También —y a veces sobre todo— importa quién puede anotarse un triunfo con ella. Si la iniciativa viene del adversario, se sospecha; si el adversario la apoya, se rechaza; si podría darle una ventaja, se busca la manera de impedirlo. Así, una necesidad concreta queda atrapada en una pelea partidaria.
No se trata de fingir que todos los partidos piensan lo mismo. Hay diferencias reales sobre el papel del Estado, el trabajo, la distribución de la riqueza, la educación, la salud y el funcionamiento de la economía. Esas diferencias importan y deben discutirse. Pero una cosa es oponerse a una propuesta porque se la considera equivocada y otra es oponerse porque el rival podría capitalizarla. En el primer caso hay una posición que se puede defender; en el segundo, la conducta propia queda subordinada a lo que haga el otro.
La paradoja es que quienes dicen actuar para no favorecer al kirchnerismo terminan pendientes de él a cada paso. Antes de votar, calculan qué puede decir; antes de acompañar una iniciativa, evalúan quién se llevará el crédito; antes de explicar una decisión, buscan dejar en claro a quién no quisieron beneficiar. El adversario termina marcando la agenda incluso cuando no está en condiciones de imponerla. Y mientras tanto, la discusión sobre el contenido de las decisiones queda en un segundo plano.
Hablar de proyectos exige más trabajo que repetir una consigna. Obliga a explicar de dónde salen los recursos, qué sectores se benefician, quiénes asumen los costos y qué resultados se esperan. También obliga a aceptar preguntas y reconocer errores. En cambio, la lógica del amigo y el enemigo ofrece una salida rápida: alcanza con señalar al adversario y pedirle a los propios que cierren filas. El problema es que esa respuesta puede servir para ordenar una interna, pero no resuelve los problemas de la gente.
Cuando esa lógica se impone, los votantes terminan siendo convocados a justificar cualquier decisión del espacio propio y a desconfiar de cualquier decisión del otro. Lo que en un aliado se presenta como estrategia, en un adversario se denuncia como maniobra. La vara cambia según quién actúe y el debate se convierte en una sucesión de acusaciones. En ese clima, las explicaciones dejan de ser una obligación pública y pasan a ser una herramienta para defender a los propios.
Hay una pregunta sencilla que podría ordenar la discusión: si el kirchnerismo o el peronismo no estuvieran involucrados, ¿el dirigente tomaría la misma decisión? ¿Podría defenderla ante sus votantes sin mencionar a ningún adversario? ¿Puede explicar qué derecho protege, qué problema resuelve o qué consecuencia espera? Si tiene razones para actuar, que las exponga. Si la única respuesta es que no quiere hacerle el juego a alguien, entonces todavía no explicó lo principal.
Los ciudadanos pueden aceptar que un representante negocie, cambie de posición o vote de manera distinta a la que esperaban. Lo que necesitan es conocer sus razones y poder contrastarlas con los compromisos que asumió. No es mucho pedir que quien ocupa una banca explique por qué tomó una decisión que afecta a otros. La representación política no consiste en participar de una disputa entre dirigentes; consiste en responder por lo que se hace en nombre de quienes los eligieron.
El problema no es que haya adversarios. El problema empieza cuando la existencia del adversario se vuelve la explicación de todo. La política argentina tiene discusiones urgentes sobre el trabajo, la educación, la salud, la producción, la seguridad y el papel del Estado. Ninguna de ellas se resuelve preguntando cuánto puede perjudicar al rival una decisión. La pregunta que importa es qué se está defendiendo y ante quién se responde.
Decir «no le voy a hacer el juego al kirchnerismo o al peronismo» puede expresar una posición, pero no alcanza como argumento. Después de la frase tiene que venir la explicación. Porque los votos, las ausencias y los acuerdos tienen consecuencias concretas, y esas consecuencias no desaparecen porque se invoque al adversario. Cuando un dirigente no puede explicar lo que hizo sin hablar de su enemigo, lo que falta no es otra consigna: faltan razones.