La maratónica sesión en el Congreso dejó al Gobierno de Javier Milei frente a una serie de dificultades políticas, con retrocesos en su agenda legislativa y nuevas señales de tensión dentro del oficialismo. En una jornada atravesada por el debate sobre la discapacidad, la protección de la propiedad privada y el endeudamiento de las familias, la oposición consiguió introducir modificaciones que obligaron al oficialismo a recalcular su estrategia.
Para el analista político Gastón Garriga, lo ocurrido expuso el pragmatismo de una administración que suele presentarse como profundamente ideológica, pero que no duda en cambiar de rumbo cuando las circunstancias políticas lo exigen.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue el retroceso del Gobierno en torno a la legislación sobre tierras, luego de los intentos de modificar el marco normativo vigente mediante distintas iniciativas. Garriga interpretó ese movimiento como una derrota política para la Casa Rosada, que debió abandonar parte de sus pretensiones para evitar un resultado todavía más adverso en el recinto. Sin embargo, dijo que continúa vigente por decreto el mecanismo conocido como pasaporte dorado, que permitiría acceder a la ciudadanía argentina mediante una inversión de 350.000 dólares.
La sesión también dejó interrogantes sobre el futuro de las relaciones dentro del oficialismo. Garriga puso el foco en el papel de Martín Menem, a quien atribuyó un rol decisivo en la negociación de los cambios que permitieron amortiguar el costo político para el Gobierno. El titular de la Cámara de Diputados «podría haber actuado para evitar una derrota de mayores dimensiones», aunque también es posible que los Menem «estén comenzando a construir una estrategia política propia, con vistas a un escenario posterior al mileísmo».
En contraste con los avances vinculados a la discapacidad, el debate sobre el endeudamiento de los hogares no consiguió una respuesta concreta para millones de argentinos que atraviesan dificultades para afrontar sus obligaciones financieras. Las cinco abstenciones de diputados cordobeses resultaron determinantes para que la iniciativa no prosperara.
Para Garriga, estas discusiones también deben leerse en el marco de la estrategia comunicacional del Gobierno frente a la eventual visita del papa Francisco a la Argentina. En ese sentido, vinculó las decisiones relacionadas con el traslado de personas privadas de la libertad y las condiciones de detención con un intento de controlar la imagen que podría encontrar el pontífice durante su recorrida. El analista cuestionó esa lógica y consideró que supone subestimar la capacidad diplomática y de observación del Vaticano. Asimismo, señaló que una eventual visita papal podría volver a poner en primer plano la situación de las personas con discapacidad, uno de los sectores más afectados por las políticas de ajuste impulsadas por la administración libertaria.
Por último, se refirió al reciente viaje de Milei a España y sus consecuencias políticas y diplomáticas. Garriga cuestionó la falta de una agenda institucional sólida y describió la visita como una sucesión de gestos políticos que no consiguió traducirse en encuentros de relevancia. Allí, «el Presidente terminó exponiendo su aislamiento, en un contexto en el que distintos referentes de la derecha internacional parecen tomar distancia de su figura». También criticó las dificultades protocolares de la gira y la ausencia de reuniones de alto nivel, al tiempo que advirtió sobre el deterioro de la política exterior argentina.