Ignacio Bruno, secretario gremial de ATULP, advirtió sobre la continuidad del conflicto universitario y cuestionó la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional. En diálogo con Aire de Ribera, confirmó el inicio de una nueva etapa del plan de lucha de docentes, nodocentes, estudiantes, científicos e investigadores, en defensa de la universidad pública.
El dirigente gremial recordó que el pasado 6 de octubre el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759 que impedía ejecutar la ley y ordenó al Ejecutivo avanzar con su implementación. La resolución también exigió atender los aspectos centrales del financiamiento, especialmente los salarios, las becas y los recursos destinados al sistema universitario. Sin embargo, el Gobierno apeló la decisión judicial y sostiene que el Congreso debe establecer las fuentes de financiamiento.
Bruno rechazó ese argumento y cuestionó el discurso oficial sobre la falta de recursos. En ese sentido, sostuvo que el financiamiento puede obtenerse mediante otras decisiones económicas y fiscales. También desestimó las críticas que ponen en duda los mecanismos de control de las universidades públicas y afirmó que las instituciones ya cuentan con sistemas de auditoría.
En relación con la movilización universitaria federal, cuestionó la represión durante la última jornada de protesta y consideró que el Gobierno busca debilitar el respaldo social al reclamo. El acto central continuó mientras avanzaba el operativo represivo y finalizó cuando los gases lacrimógenos hicieron imposible permanecer en el lugar.
El nuevo cronograma de medidas de fuerza contempla cuatro jornadas de paro: la primera, de 24 horas y sin asistencia a los lugares de trabajo, se desarrolla este miércoles 28 de octubre. Las siguientes están previstas para el 3, el 11 y el 16 de noviembre, en el marco de un plan de lucha que busca exigir el cumplimiento de la ley y una recomposición del financiamiento universitario.
Uno de los puntos centrales de la discusión es el presupuesto para 2027, ya que el proyecto del Ejecutivo contempla 7,3 billones de pesos para las universidades nacionales, mientras que las instituciones necesitarían alrededor de 11 billones para funcionar. La diferencia, cercana a los 3,7 billones de pesos, refleja la magnitud de la brecha presupuestaria que denuncia el sector.
Para finalizar Bruno destacó la importancia de sostener el reclamo en defensa de la educación pública y de los trabajadores que garantizan su funcionamiento. La discusión presupuestaria, las medidas judiciales y la continuidad del plan de lucha configuran un escenario de creciente tensión entre las universidades nacionales y el Gobierno, con los salarios y el financiamiento como principales ejes del conflicto.