Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado ante la visita de León XIV, reúne indicadores sobre el deterioro de las condiciones de vida durante el gobierno de Javier Milei. La caída del empleo registrado, la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias y los recortes en áreas sensibles del Estado dibujan un escenario que interpela tanto a la política económica como a la discusión sobre la justicia social.
La visita del papa León XIV a la Argentina encuentra al país atravesado por una realidad económica y social que merece algo más que una discusión sobre variables macroeconómicas. Detrás de los números de inflación, equilibrio fiscal o crecimiento aparecen trabajadores que perdieron su empleo, jubilados que no llegan a fin de mes, familias que recurren al crédito para pagar gastos cotidianos y organismos públicos que ven reducida su capacidad de respuesta.
Ese es el panorama que describe el informe La Argentina que recibe al Papa, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en noviembre de 2026. El documento toma como punto de partida noviembre de 2023, último mes previo a la asunción de Javier Milei, y compara la evolución del trabajo, los ingresos y la protección social durante la actual gestión. Su presentación coincide con la primera visita de un Papa a nuestro país desde 1987 y recupera, como marco de lectura, una preocupación central de la doctrina social de la Iglesia: qué lugar ocupa la vida de los más vulnerables en las decisiones de una sociedad.
Los datos sobre el mercado laboral ofrecen uno de los registros más contundentes. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026 desaparecieron 32.290 empleadores, una reducción que equivale a 33 empresas por día. En el mismo período, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó en 437.611 puestos. Si se incorporan las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares, la pérdida del empleo privado registrado asciende a 465.811 personas. Traducido a una escala cotidiana, son alrededor de 480 puestos registrados menos por día.
La caída no se distribuyó de manera uniforme. La industria manufacturera perdió 108.000 puestos de trabajo; la construcción, 81.089; y el transporte y almacenamiento, otros 72.737. En cuanto a la cantidad de empleadores, el comercio encabezó las bajas, con 9.132 unidades menos, seguido por transporte, industria e inmobiliarias. No se trata, por lo tanto, de un fenómeno limitado a una actividad puntual: el retroceso alcanza a sectores que generan empleo, sostienen circuitos comerciales y dinamizan la economía de las ciudades.
El deterioro también se advierte en la calidad del trabajo disponible. Según el informe, la informalidad llegó al 45% de los ocupados durante el segundo trimestre de 2026. Casi la mitad de las personas que trabajan lo hacen sin contar con la protección plena de los derechos laborales y de la seguridad social. Al mismo tiempo, la desocupación alcanzó el 7,9%, con situaciones especialmente difíciles para jóvenes y mujeres: entre las personas de 14 a 29 años, la tasa llega al 17,1% para las mujeres y al 14,1% para los varones.
El cuadro se completa con una pérdida sostenida del poder adquisitivo. Aunque en agosto de 2026 los salarios privados registrados tuvieron una recuperación real del 1,2%, todavía permanecían un 2,3% por debajo de noviembre de 2023. En el sector público, la pérdida acumulada alcanzaba el 15,3%, mientras que entre los trabajadores de la Administración Pública Nacional llegaba al 35,7%. Considerados en conjunto, los salarios registrados públicos y privados habían perdido un 7% de su poder de compra respecto del inicio de la gestión.
Para los jubilados que cobran el haber mínimo, el escenario es todavía más exigente. El bono compensatorio permanece congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024. CEPA calcula que, si se hubiera actualizado con el mismo criterio que los haberes jubilatorios, en octubre de 2026 debería alcanzar los 226.875 pesos. La diferencia representa 156.875 pesos mensuales que dejan de percibir quienes dependen de ese ingreso. En la comparación con el último trimestre de 2023, las jubilaciones mínimas con bono registran una caída real del 19,2%.
Cuando los ingresos no alcanzan, las familias buscan alternativas. Y allí aparece otro indicador que el informe considera especialmente preocupante: el crecimiento de la morosidad. En agosto de 2026, la irregularidad del crédito bancario otorgado a las familias llegó al 12,8%, el nivel más alto desde la crisis de 2001. En el financiamiento de proveedores no financieros, como tarjetas de comercios y otras entidades, la morosidad trepó al 34,2%, un máximo histórico que supera incluso el registro de la pandemia. El crédito, en este contexto, deja de ser una herramienta para ampliar posibilidades y se convierte, para muchos hogares, en un recurso para sostener consumos indispensables.
Pero el relevamiento no se detiene en el empleo y los ingresos. También examina la ejecución presupuestaria de organismos y programas nacionales vinculados con derechos básicos, comparando septiembre de 2026 con septiembre de 2023. Allí aparecen reducciones importantes en salud, seguridad social, ciencia, educación, cultura, justicia, derechos humanos, transporte y obra pública.
En salud, por ejemplo, la ejecución de la Superintendencia de Servicios de Salud cayó un 73%, mientras que los hospitales nacionales Laura Bonaparte y Baldomero Sommer registraron reducciones del 53% y el 48%, respectivamente. También se destacan recortes en organismos como el Malbrán y la ANMAT. En el área de niñez, adolescencia y familia, la caída alcanza el 75%; en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el 78,5%.
La educación y la cultura tampoco quedaron al margen. El informe señala que la ejecución del Instituto Nacional del Teatro se redujo casi un 60%, la de la Biblioteca Nacional un 54% y la del Fondo Nacional de las Artes un 32,5%. En los programas educativos, tres partidas aparecen sin ejecución: Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. Las becas estudiantiles registran una caída del 85%, las acciones de formación docente del 92% y la infraestructura y equipamiento educativo del 97%.
En ciencia, la Agencia I+D+i presenta una reducción del 90% en su ejecución presupuestaria real, mientras que el CONICET registra una caída del 36%. En obra pública, la Dirección Nacional de Vialidad muestra un retroceso del 81,5%. Algunos programas de infraestructura en municipios y obras viales figuran directamente sin ejecución durante el período analizado.
La acumulación de estos datos permite observar que el ajuste no se limita a una reducción del gasto en términos contables. Alcanza áreas que organizan la vida cotidiana y que, en muchos casos, funcionan como respaldo cuando el mercado laboral y los ingresos familiares no ofrecen respuestas. Un hospital, una escuela, una beca, una ruta o un programa de atención a la niñez no son solamente partidas presupuestarias: son herramientas concretas de integración y protección social.
El informe de CEPA propone leer esta situación en el contexto de la visita de León XIV y de la tradición que dejó el papa Francisco. En su introducción recupera la expresión de Francisco sobre una Iglesia pobre y para los pobres, y la exhortación de León XIV a sostener una opción firme en favor de los más débiles. No es una asociación casual: el documento plantea que la economía política también debe preguntarse cómo produce, distribuye y protege una sociedad, y quiénes terminan pagando los costos de sus decisiones.
La discusión, entonces, excede la interpretación de una serie de indicadores. Un país puede mostrar determinados resultados macroeconómicos y, al mismo tiempo, acumular dificultades en el empleo, los ingresos y los mecanismos de protección de su población. La pregunta es qué sucede con quienes quedan afuera de esa recuperación, qué posibilidades tienen de reconstruir sus condiciones de vida y qué responsabilidades asume el Estado frente a esas situaciones.
En sus conclusiones, CEPA señala que el deterioro se concentra especialmente en jubilados que dependen del haber mínimo, trabajadores informales y desocupados, mujeres y jóvenes, niñas y niños, personas con discapacidad y pueblos indígenas. Son los sectores que, ante una crisis, cuentan con menos recursos para amortiguar sus consecuencias.
La Argentina que recibe al Papa es, en definitiva, un país donde el retroceso del empleo convive con salarios que todavía no recuperan su poder adquisitivo, jubilaciones debilitadas, familias endeudadas y organismos públicos con menos recursos para cumplir sus funciones. Poner esos datos sobre la mesa no resuelve por sí solo los problemas, pero permite discutir el rumbo económico desde una pregunta que no debería quedar relegada: cuánto de lo que se presenta como ordenamiento o equilibrio se construye sobre las dificultades de quienes menos tienen.
Fuente: informe “La Argentina que recibe al Papa”, Centro de Economía Política Argentina (CEPA), noviembre de 2026