A días del intento de magnicidio contra la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner, “el gran diario argentino” titulaba en su tapa, por medio de su editor, “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá” de manera tan premonitoria como, a la sazón de los hechos, ¿a modo de orden?
Lo que dice la causa. ¿Dato mata relato?
La condena de la Sala IV de la Cámara de Casación fue una ratificación de todas las condenas y absoluciones que había dictado el tribunal oral. Ante tanta subjetividad, preconceptos, fanatismos y carencia de información de un lado y el otro del arco político o ideológico es bueno recurrir a los datos concretos de la causa.
Luego de varias denuncias ligadas al tema de la obra púbica en abril de 2016, Javier Iguacel, en ese momento Director Nacional de Vialidad de Mauricio Macri, y que luego llegó a Ministro de Energía, formuló una denuncia sobre las rutas en Santa Cruz. Hoy Iguacel es el responsable de la mega empresa Bentia Energy, la primera en firmar el contrato de compra por activos de campos maduros de YPF.
Sobre esa denuncia el Ministro pidió una auditoría, base para la denuncia. Quienes auditaron para Iguacel declararon entre otras cuestiones lo siguiente:
“Cuando el macrismo llegó al gobierno dejó de pagar las obras de Santa Cruz. Entre otras razones, Iguacel argumentó que no había fondos. Periotti señaló que había en caja 150 millones de pesos, con lo que se pagaban los sueldos de dos meses de todos los empleados de Vialidad, 500 millones para pagar obras y mil millones más disponibles en los créditos internacionales.”.. ”Iguacel ordenó una auditoría, pero tenía un desconocimiento total…dijo que la ruta 40 tiene 500 kilómetros en Santa Cruz. No, tiene 1423 kilómetros. Y por eso le parecían demasiadas las obras. Insisto: desconocimiento total”. ..”Los presupuestos para rutas se deciden en el Congreso Nacional” … ”La propia auditoría estableció que buena parte de las obras estaban muy avanzadas, incluso más del 90 por ciento. Iguacel ordenó pararlas. Cancelaron todos los contratos por razones políticas.”… ”Usaron en contra nuestro que las tres obras de la ruta 3 en Santa Cruz se relicitaron en la administracion de Iguacel, supuestamente a precios más bajos. Pero nosotros sabíamos que eran ofertas temerarias y que no se iban a poder ejecutar. A los pocos meses, la obra se paró” ”Iguaceldijo que las licitaciones en Santa Cruz eran ‘tierra tomada’. ¿Cómo explica que ganaron licitaciones Petersen, Esuco, Decavial, Contreras Hermanos, Consur, Techint, Equimac, Roggio?”. Para rematar la conclusión finalizó diciendo: “Cuando le preguntaron a Iguacelsi estudió la concentración de obras en otras provincias, donde ganaron la mayoría de las licitaciones las empresas regionales, de manera insólita dijo que no recordaba. Eso demuestra que, sin dudas, hubo voluntad de trascender políticamente y qué mejor forma de hacerlo que denunciar lo hecho en la provincia de dos expresidentes”.
Luego pidió una auditoría privada Consulbaires, que concluyó en que “los volúmenes de construcción eran superiores (mejores) a los proyectos originales”. Las bases de la construcción estaban totalmente endeble. Sin embargo, la causa siguió adelante.
Otro planteo en la causa fue que se había favorecido a Lázaro Báez. En concreto y como consta en la causa, el empresario ganó 51 de los 81 obras para realizar tramos de rutas en Santa Cruz. Nunca se pudo responder por qué si las licitaciones fueron amañadas no hubo empresas que protestaran y, al contrario, en el juicio oral dijeron, bajo juramento, que los procesos fueron correctos y que Lázaro Baez al tener empresa, estructura, personal y maquinarias en Santa Cruz podía ofrecer mejores precios.
En este sentido, nunca se pudo comprobar relación personal alguna entre la ex presidenta y el empresario en cuestión, ni un solo testigo pudo insinuarlo al menos.
Un tercer planteo hace hincapié en que Cristina firmó el decreto 54 del año 2009 donde se plantea que la mandataria facilitó pagos de obras. Pero el decreto habilitó a Vialidad Nacional para utilizar los fondos del fideicomiso para lo que fueron 500 obras en todo el país.
Los fondos utilizados fueron evaluados por la Auditoría General de la Nación, un organismo dependiente del Congreso. ¿Y adivinen qué? La rendición fue aprobada sin objeciones todos los años.
La secuencia de “pruebas” en contra de CFK tuvo a los fiscales Luciani y Mola, trayendo luego de tres años de juicio, mensajes de WhatsApp del teléfono del Secretario de Obras Públicas, José Lopez; sí, el de los bolsos, los cuales se llegó a la conclusión que el dinero que habitaba en su interior pertenecía a la empresa IECSA a través de Odebrech que es del socio de Mauricio Macri, Calcaterra. El dinero se había triangulado en una financiera de un ex dirigente de Boca en la gestión del ex presidente y líder del PRO.
Sumado a los elementos técnicos detallados anteriormente no faltaron, tanto en la primera como en la segunda instancia, expresiones como “no tenemos pruebas, pero tampoco dudas”, o bien “todos los indicios apuntan a “, hasta inclusive “es muy difícil obtener pruebas en este tipo de organización, pero es evidente que…” Ni siquiera la televisación y mediatización de estas audiencias inhibieron a los acusadores de tremendas frases, delatoras de la carencia de pruebas, cuanto menos.
Punto no menos este, el del rol de la comunicación que a fuerza de Fake News, desinformación y elementos de postverda, producida tanto por medios de comunicación (verdaderos empresas con intereses financieros, económicos, agrarios, comerciales, etc.) o por el terreno de lo digital (internet y las redes sociales digitales) aportaron a la construcción de un “sentido común” de odio y ensañamiento, carente muchas veces de datos reales y racionalidad.
Geopolítica del lawfare. Similitudes aquí y allá.
Podemos abordar desde lo geopolítico que procesos similares se dieron con Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia.
Según el Ministerio de Justicia de la Nación, El lawfare “es una práctica irregular que consiste en el uso abusivo y desvirtuado de instrumentos jurídicos para impugnar y deslegitimar a dirigentes y referentes políticos y sociales, mediante su persecución por vía judicial-mediática bajo la apariencia de una supuesta legalidad. Aunque el objetivo inmediato del lawfare es el ataque a ciertos liderazgos políticos, su efecto a mediano y largo plazo es la creación de condiciones propicias para la imposición de políticas económicas, sociales y laborales regresivas que perjudican a amplias mayorías de la sociedad. El lawfare no es un fenómeno espontáneo ni desorganizado, sino que responde a intereses concretos de sectores de poder que permanecen, en mayor o menor medida, ocultos ante la opinión pública. “Si bien su escenario por excelencia es el ámbito judicial, el lawfare se estructura sobre un complejo entramado de actores que no sólo se compone de jueces y fiscales, sino que también puede involucrar a medios de comunicación, periodistas y líderes de opinión, dirigentes políticos, servicios de inteligencia locales y extranjeros, fuerzas de seguridad, embajadas y empresas.”, cita la institución.
El caso del Presidente Brasilero es paradigmático e ilustra claramente la idea del lawfare. El caso tiene gestores claros. Recordemos que Sergio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro y ex juez de la operación Lava Jato, por la cual se llevo a prisión a Lula, y que luego fue ungido senador por ese espacio político (¿Cómo premio por la tarea realizada?),incriminó por tener métodos «heterodoxos e ilegales» para hacerse de supuestas pruebas, las cuales se las anuló por pedido de la defensa de Lula. Como corolario de esto se estableció que esta maniobra tuvo la intención de «poner a un líder político entre rejas”. Por su parte, el exfiscal y exdiputado, Deltan Dallagnol, Bolsonarista él también, sostuvo su acusación sin pruebas y sólo a partir de su convicción de que Lula era culpable de los delitos, marcando un antes y un después en la vida judicial y republicana brasilera. Todo este operativo político judicial fue acompañado de una campaña mediática que hizo posible que este relato sea permeable a una parte de la sociedad brasilera.
¿Alguna diferencia entre la connivencia entre el bolsonarismo, jueces, fiscales y empresarios comunicacionales o periodistas del país vecinos con los viajes a Lago Escondido donde participaron CEOS de La Nación, Clarin, funcionarios macristas, fiscales y jueces? ¿O con las tardes de paddle en la Casa de Olivos del entonces presidente Mauricio Macri con los jueces Borinsky y Hornos y el fiscal de Casación Raúl Ple, quienes tienen un rol protagónico en las causas contra CFK, y en la causa del fiscal Nisman?
Si escarbamos en el resto de casos de lawfare en Latinoamérica las similitudes de mecanismos, sectores de poder (medios, justicia, política, poder financiero) en connivencia y obstrucciones legales a líderes políticos de procesos progresistas o anti establishment son abrumadoras.
Finalmente, y haciendo un poco de historia, en nuestro país a Mariano Moreno y a Castelli, uno ya muerto y el otro agonizando por un cáncer de lengua, fueron acusados falsamente de corrupción. San Martín fue acusado de abrir una cuenta en forma irregular en Londres con fondos que no eran propios.
En el siglo XXI, Hipólito Yrigoyen también fue acusado de corrupción, y luego de estar presa volvió a vivir con su hermano sumido en la pobreza. Juan Domingo Perón, procesado por innumerables delitos económicos, los cuales no fueron probados ni siquiera uno, tuvo que soportar la proscripción, la persecución y el exilio.
Hoy, sucede con Cristina Fernandez de Kirchner, pero puede seguir sucediendo con cualquier dirigente. Eso es lo que trata de decir el poder. Quien no se ordene pagará las consecuencias, con bala o con fallos. Este texto no es una defensa de una persona, ni de su gestión o su accionar política. Eso le venimos escribiendo en nuestras editoriales y lo seguiremos haciendo. Pero es imposible discernir sus acciones de las reprimendas o represalias del status quo imperante.
Ayer como hoy, aquí como allá, carentes de originalidad pero con una contundencia que abruma, asusta y ordena a propios y extraños, las corporaciones siguen profundizando su poder, en detrimento de las comunidades y las democracias.