Amnistía Internacional realizó un interesante informe sobre el 2024 al cual nombró como “Un año de protestas”. Un detalle pormenorizado en materia de derechos, protocolos, el uso de la fuerza y el control ejercido durante el primer año de gestión de Javier Milei.
En primera instancia deja en claro que los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacifica son reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos – como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos- los cuales tienen jerarquía constitucional en Argentina.
Sin embargo, la sanción del Protocolo Anti-piquetes dio vía libre a las autoridades policiales para desplegar un uso abusivo y arbitrario de la fuerza, poniendo en peligro la seguridad, la vida y la integridad física de las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica.
De esta manera, parece ser que el uso de la fuerza es la primera y única respuesta del Estado a las demandas sociales expresadas en las calles, y el uso desproporcionado de armas menos letales como gases lacrimógenos y balas de goma han puesto en peligro la vida y salud de las personas. “Quien hoy en la Argentina sale a las calles a expresarse y participar de una protesta, tiene altas probabilidades de estar expuesto a lesiones y/o detenciones arbitrarias. El uso de la herramienta penal funciona como estrategia para castigar, silenciar, amenazar, intimidar a la población”, señala el informe.
Lo llamativo es que “no hay nadie que resulte responsable frente a estas vulneraciones”, ya que el control y la rendición de cuentas “son un requisito indispensable de toda actuación de las fuerzas de seguridad para desalentar la institucionalización del abuso de la fuerza y la impunidad y, así generar mayores niveles de confianza sobre las fuerzas de seguridad”.
En este sentido, indicaron que hasta la fecha se desconoce del avance de una investigación eficaz sobre los operativos policiales desplegados que determine responsabilidades por los abusos cometidos; muy por el contrario, las autoridades se han dedicado a celebrar la actuación de las fuerzas de seguridad en sus declaraciones y publicaciones, convalidando el accionar policial a pesar de ser evidente la violencia desproporcionada contra quienes se manifiestan.
Por todo ello, Amnistía Internacional recomienda al Ministerio de Seguridad de la Nación derogar el Protocolo Anti-piquetes y establecer regulaciones para la actuación policial en contextos de protesta respetuosas de las normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre derecho a la reunión pacífica, libertad de expresión y uso de la fuerza.
También, el hecho de garantizar que todas aquellas personas que quieran manifestarse pacíficamente puedan hacerlo, sin que su vida o su integridad física corran peligro; abstenerse de utilizar la fuerza como mecanismo para desalentar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta; implementar todas las medidas de investigación y sanción necesarias y suficientes que tendientes a determinar las responsabilidades; una capacitación a las fuerzas de seguridad en todos los rangos, sobre los estándares internacionales sobre uso de la fuerza y el uso de armas menos letales en contextos de protesta, entre otras.
A las instituciones de derechos humanos se le recomienda promover que los organismos de derechos humanos, tales como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Provincial por la Memoria, entre otros, implementen un registro sobre manifestantes heridos en las protestas (distinguiendo labor/ocupación si correspondiere), lo cual permitirá detectar patrones comunes y modalidades más frecuentes sobre el accionar policial.
En el caso del Ministerio Público Fiscal de la Nación proponen que todas las acciones tendientes a investigar los hechos de abuso policial en las manifestaciones, instando a las distintas Fiscalías implicadas a llevar adelante una investigación urgente, rigurosa y eficaz; además, consideran necesarias las capacitaciones de las Fiscalías de Violencia Institucional para lograr el impulso de las acciones penales en las que se investigue las prácticas ilícitas perpetradas por efectivos policiales, y funcionarios públicos, en las manifestaciones
El informe pormenorizado lo podés encontrar en la página oficial amnistía.org.ar