En estos días, la política en la ciudad de Ensenada fue atravesada por dos hechos muy concretos: la salud del intendente Mario Secco y la creación de un nuevo interbloque formado por dos ex concejales de LLA y la UCR. Además, el fallo judicial que condena a Ensenada, a Berisso y a la Provincia, a instrumentar en 60 días la confección y aprobación del “Plan de Manejo Ambiental” de las Islas Santiago y Paulino.
Por una lado, la salud del Jefe Comunal Mario Secco, que tuvo que ser internado e intervenido otra vez en la Clínica de la Ribera, luego de sufrir una infección en su hombro izquierdo, del que había sido operado a principio de mes. La recuperación del mandatario, que nunca dejó de estar en contacto con su equipo de trabajo, fue favorable y el domingo último pasado recibió el alta. El hecho en cuestión no dejó de llamar la atención a la ciudadanía ensenadense que se mantuvo expectante con lo ocurrido.
Este martes 25, después del feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, Mario Secco retomó sus actividades al frente del ejecutivo local. Estos sucesos imposibilitaron la realización de la Apertura de Sesiones del Concejo Deliberante, anunciada en un primer momento para el martes 18 de marzo en la Plaza Almirante Brown. Sin embargo, se postergó para el jueves 27.
Pero lo destacable fue la conformación de un nuevo bloque opositor. Daniel Romero y Claudia Romero, luego de 15 meses como concejales del bloque de La Libertad Avanza, decidieron dar un paso al costado y armar el interbloque “Frente de Identidad Vecinalista Ensenadense” (FIVE), junto al concejal radical Gustavo Asnaghi. Por lo tanto, La Libertad Avanza se quedó sin representantes en el Concejo Deliberante de la ciudad de Ensenada.
De visita en nuestros estudios, ambos concejales dejaron en claro el por qué de este cambio, que tuvo que ver con destratos, falta de apoyo nacional y provincial, y hasta un carpetazo instrumentado por representantes locales a instancias del armador de Karina Milei a nivel provincial, Sebastián Pareja.
Según relataron, las presiones incluyeron exigencias para que presentaran denuncias sin pruebas contra otros dirigentes y concejales, y tras negarse, comenzaron a recibir amenazas. Los concejales denunciaron que el objetivo de estas presiones era forzarlos a renunciar para que sus bancas quedaran en manos de dirigentes afines a un sector específico del partido. Estas denuncias se suman a otras internas dentro del espacio libertario, que en los últimos meses ha enfrentado diversas controversias y conflictos entre sus miembros. Todas ellas, metodologías de las peores de la casta.
Por último, siguen los ecos y la incógnita sobre cómo se procederá ante la condena a los municipios de Ensenada y Berisso, y a la Provincia, a instrumentar en 60 días la confección y aprobación del “Plan de Manejo Ambiental” de las Islas Santiago y Paulino. Cabe recordar que el fallo judicial exige el cumplimiento según lo establecido en la Ley 12.756 (Paisaje Protegido) y Decretos reglamentarios, tras 23 años, y a favor de la protección, conservación y la armonización de las actividades desarrolladas por el hombre en este lugar tan destacado.
Ambas Islas son áreas que se encuentran declaradas “Paisaje Protegido de Interés Provincial para el desarrollo eco turístico”, y poseen niveles de protección mediante la Ley de Bosques Nativos y Ordenanzas municipales de Ensenada declarando a la Isla Santiago Area Natural Protegida.
La presentación de la ONG Nuevo Ambiente se basó en evidencias del deterioro ambiental en las islas. Se denunciaron movimientos de suelo ilegales, vertido de escombros y hormigón, y la pérdida de humedales costeros. Además, se registraron incendios que afectaron la biodiversidad de la zona, con sospechas de intencionalidad.
El expediente judicial señala que “la inacción estatal ha permitido la degradación de un área protegida, favoreciendo intereses privados por sobre la conservación del ambiente”. Las pruebas presentadas incluyen registros fotográficos, informes de impacto ambiental y declaraciones de expertos en ecología y urbanismo.
Desde Nuevo Ambiente celebraron el fallo como “un avance histórico en la defensa del Monte Ribereño y las islas”. Destacaron que, “tras décadas de desidia estatal, la Justicia reconoció la urgencia de regular y preservar el área”. Este fallo de primera instancia, que no está firme y puede ser apelado, marca un punto de inflexión en la gestión ambiental de Berisso y Ensenada. En caso de confirmación de la sentencia, los municipios y la Provincia tienen la obligación de garantizar la protección de uno de los ecosistemas más importantes de la región, evitando que siga deteriorándose por la falta de control y regulación.