Por Pablo Micheli
Hace 17 meses que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación, y para muchxs, este período se convirtió en uno de los más oscuros de la historia democrática argentina —con excepción de las dictaduras militares. La realidad social, política y económica que atravesamos remite más a un régimen autoritario que a una democracia plena: persecución a periodistas, represión a manifestantes, un discurso de odio sistemático y una crisis económica que castiga brutalmente a la mayoría del pueblo.
Milei no sólo es responsable de esta debacle, sino que también ha intentado, a través de una maquinaria comunicacional basada en la mentira y el show, cooptar la subjetividad de amplios sectores, en especial de les jóvenes. Lo logró en parte durante las elecciones de 2023, pero su poder simbólico empieza a resquebrajarse. Y como sucede en todo proyecto autoritario, ante el derrumbe, agudiza la ofensiva: insulta, persigue, degrada el debate público y descalifica a quienes pensamos distinto.
Un ejemplo de ello fue su intento de imponer la ley de “Ficha Limpia” en alianza con Mauricio Macri, una maniobra que apuntaba a condicionar la participación política de líderes opositores como Cristina Fernández de Kirchner. Pero el tiro les salió por la culata: su propia situación judicial —como la causa por estafa vinculada al caso Libra que lo involucra a él y a su hermana— los hubiese alcanzado. La ley no avanzó, no sólo por su potencial efecto boomerang, sino porque aún quedan legisladores y legisladoras con conciencia social que la frenaron, especialmente desde Unión por la Patria.
Frente a este escenario, ver a figuras como Silvia Lospennato declarar que “ganó la impunidad contra la democracia” no solo es un acto de cinismo, sino una ofensa a la memoria reciente. Durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019), se ejecutaron algunos de los actos de corrupción más groseros que recuerde la historia reciente, solo superados —en escala y consecuencias— por el saqueo sistemático que ejecuta hoy La Libertad Avanza junto al PRO.
La deuda de 45.000 millones de dólares tomada por Macri con el FMI es un símbolo de esta estafa: no fue al servicio del pueblo, sino de sus amigos. Ningún argentino o argentina vio el beneficio de ese dinero y, sin embargo, hoy lo pagamos con hambre, desempleo y destrucción del tejido social.
Uno de los ejemplos más indignantes del desprecio gubernamental hacia la ciudadanía es el reciente aumento del salario mínimo, vital y móvil: se anunció en cinco tramos, con un total que ni siquiera cubre dos kilos de carne. Un verdadero insulto. Lo mismo ocurre con las jubilaciones, donde además de otorgar aumentos insuficientes, se reprime violentamente a quienes protestan, incluso a sacerdotes y personas mayores.
Este no es el accionar de una democracia plena. Es autoritarismo. Es fascismo. Y la persecución a la prensa, las amenazas a periodistas y el uso grotesco de la imagen pública —como el meme en que Milei se presenta como “león” al saludar al nuevo Papa— refuerzan esa imagen de un gobierno que gobierna para una minoría y ridiculiza al país frente al mundo.
Sin embargo, en este escenario también se abre una posibilidad. Además de movilizarnos pacíficamente, de defender nuestros derechos en la calle, tenemos en el corto plazo una herramienta poderosa: el voto. Este año hay elecciones. Y aunque muchxs diputadxs y senadorxs hayan defraudado, es clave pensar estratégicamente: hay que quitarle poder a este gobierno para frenar la destrucción de la salud pública, la educación, la ciencia, las pymes y la industria nacional.
Una victoria de Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires este domingo sería un golpe político importante. Y, si finalmente Cristina Fernández de Kirchner se postula como diputada nacional en la provincia de Buenos Aires, podría encabezar un frente amplio que una a todas las fuerzas del campo popular. Sería una oportunidad histórica para construir una alternativa fuerte y democrática.
El plan económico actual es una tragedia para la mayoría. Sólo beneficia a los grandes grupos concentrados, a los especuladores, a los que viven de la bicicleta financiera. No está diseñado para producir, ni para generar empleo, ni para mejorar la vida de las mayorías. El Ministro de Economía se comporta como un buitre: va ahora por los ahorros de lxs ciudadanxs, esa reserva construida con esfuerzo para enfrentar una enfermedad o sostener la educación de un hijo o nietx. No hay proyecto de país en esta política. Sólo hay rapiña.
Y cuando el presidente afirma que “los trabajadores explotan a los empresarios”, queda claro hasta qué punto se ha invertido el sentido común. Es tiempo de decir basta.
Es tiempo de salir a la calle pacíficamente, de ejercer el derecho constitucional a la protesta y de llenarle las urnas de votos en contra. Porque si este modelo se consolida, vendrán por más: más despidos, más fábricas cerradas, más ajuste, más pobreza. No les interesa el futuro de la Argentina, sólo sus negocios.
Hay que frenarlos. Ahora