El ex intendente de Berisso, Enrique Slezack, fue juzgado por el delito de peculado, en el marco de una causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos durante su mandato al frente del municipio, entre 2003 y 2015.
El proceso judicial, que se lleva adelante en el Tribunal Oral Criminal N°1 de La Plata, gira en torno al presunto uso indebido de recursos municipales destinados originalmente a planes sociales, asistencia comunitaria y obras públicas. Según la acusación presentada por la Fiscalía, Slezack habría autorizado transferencias y pagos irregulares a cuentas particulares y empresas sin respaldo documental suficiente.
Durante la primera audiencia del juicio oral, el ex mandatario se declaró inocente y aseguró que todos los movimientos económicos durante su gestión “fueron auditados y respondieron a las necesidades de los vecinos”. Su defensa sostiene que no hay pruebas que acrediten su participación directa en los hechos investigados y que se trata de una “persecución política”.
Por el contrario, la parte acusadora —integrada por representantes del Ministerio Público y patrocinantes de la querella— insiste en que hay documentación bancaria, registros contables y testimonios que dan cuenta de una maniobra sistemática de apropiación de fondos públicos.
La causa se originó a partir de una auditoría interna impulsada por la gestión que sucedió a Slezack, y fue tomando forma a lo largo de los años con múltiples declaraciones testimoniales, peritajes contables y pedidos de informes a organismos provinciales.
Aunque el juicio se encuentra aún en una etapa inicial, se espera que durante las próximas semanas declaren ex funcionarios municipales, proveedores del Estado y vecinos que integraban programas sociales al momento de los hechos.
De ser hallado culpable, Enrique Slezack podría enfrentar una pena de entre dos y diez años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El caso reviste especial interés para la comunidad berissense, no sólo por el peso político del acusado —que gobernó el municipio durante tres períodos consecutivos—, sino también porque reaviva el debate sobre la transparencia en la administración pública y la necesidad de controles más estrictos sobre los fondos estatales.