Mientras otros países protegen su marina mercante, el gobierno argentino desregula el sector y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, el ambiente y la soberanía nacional. Una medida que se este miércoles 21 de mayo se hizo efectiva en el Boletín Oficial y que abre un nuevo capítulo en el proceso de entrega de nuestro país.
Firmado por el presidente Javier Milei, Federico Sturzenegger y el resto del gabinete, el texto modifica profundamente las reglas de navegación del país: desde ahora, buques extranjeros podrán operar libremente en aguas argentinas, sin necesidad de cumplir con los marcos regulatorios que protegían el trabajo, la industria naval y el medio ambiente.
El impacto es inmediato, ya que unos 3000 trabajadores están al borde del despido o enfrentan recortes significativos en sus ingresos. Pero lo que está en juego no es sólo el empleo, sino el control sobre nuestros ríos.
En diálogo con FM TresCiudades la especialista Milagros Barbieri advirtió que este decreto apunta directamente al corazón del cabotaje nacional; es decir, la posibilidad de que la navegación entre puertos argentinos sea realizada por embarcaciones de bandera nacional y con trabajadores locales. A partir de hoy, por ejemplo, un barco paraguayo podrá transportar soja desde Rosario hasta Bahía Blanca, sin pagar impuestos en Argentina ni contratar personal argentino.
Esto representa un retroceso gravísimo. Las tripulaciones extranjeras, por lo general, se rigen por las leyes laborales de sus países de origen. Así, mientras una tripulación argentina percibe un salario promedio de 1200 dólares con aportes previsionales y derechos laborales garantizados, un marinero filipino o panameño puede cobrar apenas 250 dólares mensuales sin ningún tipo de protección.
Además, el decreto elimina la exigencia de que los buques que navegan el Paraná cuenten con baquianos argentinos; unos 700 trabajadores especializados en sortear los peligros de ese río. Prescindir de ellos no sólo es un golpe laboral, también implica un riesgo ambiental altísimo por la posibilidad de accidentes o derrames.
Silencios y resistencias
La ofensiva contra la marina mercante no es nueva. Los gremios del sector vienen advirtiendo desde hace más de un año sobre las consecuencias de este proyecto. Han enviado comunicaciones a legisladores, exigido el tratamiento parlamentario del tema, y solicitado una audiencia en la Comisión de Asuntos Marítimos e Intereses Pesqueros. Sin embargo, el Congreso no los escuchó y los medios nacional prácticamente no lo mencionaron. “Hay un bloqueo enorme”, denunció Barbieri, y aseguró que “Nuestra dirigencia no tiene dimensión de lo que esto significa”.
Lo que hacen otros países
Mientras Argentina desmantela su flota mercante otras naciones refuerzan sus políticas soberanas. En Brasil, por ejemplo, el gobierno de Lula da Silva mantiene vigente una ley que desde 1997 obliga a que el 40% del petróleo transportado se realice en buques de bandera brasileña, con un mínimo del 33% de tripulación nacional. Las empresas que no cumplen son multadas fuertemente.
Estados Unidos es otro caso emblemático. Su legislación establece que el cabotaje sólo puede realizarse con barcos y tripulación estadounidense. Durante su primer gobierno, Donald Trump destinó 1.5 billones de dólares a la modernización de puertos y astilleros. Seguidamente, Joe Biden profundizó esa política, ampliando los subsidios para fortalecer el sector frente a la competencia china.
España, por su parte, logró en apenas dos años renovar su flota mercante y recuperar 8000 empleos gracias a una fuerte inversión estatal.
Un proyecto cajoneado
En Argentina, un proyecto presentado en 2023 por el bloque de Unión por la Patria proponía reforzar la marina mercante nacional y proteger el cabotaje. Recogía el reclamo de trabajadores y cámaras empresariales; sin embargo, nunca fue tratado.
Hoy, la decisión del gobierno va en sentido contrario, desprotegiendo la industria, cediendo el control del río a intereses extranjeros y poniendo en peligro el trabajo argentino.
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