Durante una extensa sesión, los concejales debatieron dos proyectos cargados de contenido político y simbólico. Se aprobaron declaraciones de repudio al posible cambio de sede diplomática en Israel y a la situación judicial de la expresidenta.
En una jornada marcada por los fuertes cruces y la intensidad del debate, el Concejo Deliberante de Berisso abordó dos proyectos que expusieron profundas diferencias políticas. El primero de ellos, impulsado por el edil Ignacio Bruno (Unión por la Patria), expresó su repudio al eventual traslado de la embajada argentina en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, una posibilidad que generó preocupación en diversos bloques.
Bruno fue el encargado de abrir la discusión, calificando la medida como “irresponsable, unilateral y contraria a la tradición diplomática argentina”. Afirmó que un eventual traslado “nos aleja del consenso internacional y rompe con principios fundamentales de nuestra política exterior”, y señaló que “las decisiones diplomáticas deben promover la paz, no agravar tensiones en una región tan sensible como Medio Oriente”.
Desde Juntos por el Diálogo Federal, Maximiano Fernández pidió cautela y advirtió que “la medida aún no se ha materializado”, por lo que consideró “imprudente” pronunciarse anticipadamente. Bruno le respondió que “la política exterior también requiere anticipación”.
En representación de Juntos, Patricio Yalet fue contundente: “El cambio de sede sería un error histórico de dimensiones mundiales. No tenemos injerencia directa en ese conflicto. Tomar partido sería irresponsable”.
El oficialista Juan Ignacio Mincarelli sumó que “lo que está en juego es nuestra identidad como país”, mientras que Mariana Astorga, del bloque federal, propuso debatir el tema “en ámbitos más amplios y con mayor participación”. Gabriel Marotte, presidente del bloque oficialista, cerró la discusión afirmando: “Argentina tiene una historia diplomática construida sobre el respeto, la legalidad y la prudencia. No podemos borrarla con una decisión ideológica”.
El proyecto fue aprobado por mayoría.
Posteriormente, la concejala Nadina Brizzi (PJ) presentó un segundo proyecto para repudiar lo que definió como “persecución judicial” contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. Acusó al Poder Judicial de protagonizar un “atentado a la democracia” y propuso declarar “personas no gratas” a los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Repudio a la “persecución judicial” contra Cristina Kirchner
Desde la oposición, la concejala Melisa Aguilera (La Libertad Avanza) rechazó la iniciativa citando a la propia Cristina Kirchner: “La ley es para todos los ciudadanos”, afirmó. Patricio Yalet (Juntos) negó la existencia de una proscripción: “Esto es justicia. El kirchnerismo fue, es y será un gobierno corrupto”, declaró.
Mariana Astorga, también del bloque federal, se diferenció del kirchnerismo desde su identidad peronista y expresó: “Esto no es proscripción, es una condena por corrupción. No confundamos”.
El concejal Bruno defendió los logros del kirchnerismo entre 2003 y 2015, y Brizzi reafirmó su pertenencia al PJ, denunciando que “es la derecha recalcitrante la que proscribe a una líder”.
Fernández cerró con una postura más moderada, evitando definiciones: “Es una situación clara y un tema ya agotado”.
Finalmente, el repudio fue aprobado de forma nominal con el acompañamiento a los 11 ediles oficialista de Daniel Del Curto. La oposición de Juntos, Juntos por el Diálogo Federal y la Libertad Avanza lo rechazaron. Mientras que Natalia Moracci se abstuvo a la votación.
Ambos proyectos reflejaron la tensión política local y nacional, y dejaron en evidencia el rol activo del Concejo en debates de alta sensibilidad institucional.
En este sentido, cabe señalar que ningún concejal oficialista profundizó en la idea de que no existe una razón concreta o clara que justifique el enjuiciamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Tampoco se aclaró debidamente que la expresidenta fue condenada exclusivamente por el delito de administración fraudulenta por omisión, y no por corrupción, asociación ilícita, evasión fiscal u otros delitos comúnmente esgrimidos en el discurso público, ni tampoco por parte de la oposición se esgrimieron razones puntuales, concretas y constatadas, salvo planteos generales, más cercanos a títulos mediáticos que a sustentos legales o políticos.