A menos de un mes de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, se intensificaron los cruces entre la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Alejo Ramos Padilla, y el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof, por los cambios en el padrón que modificaron el lugar de votación de miles de electores.
El eje de la discusión es la reasignación de centros de votación, que afectó a un porcentaje significativo del electorado. Desde el Gobierno provincial manifestaron preocupación por el impacto que esta modificación podría tener en la participación, en un año marcado por el desinterés y la baja concurrencia en elecciones provinciales desdobladas. Incluso, el gobernador envió una carta a la Justicia Electoral el pasado 31 de julio, expresando que varios intendentes habían transmitido inquietudes similares.
Frente a esto, el juzgado que preside Ramos Padilla respondió con un extenso documento de 26 páginas en el que detalla el proceso técnico y administrativo que motivó el cambio. Entre los principales argumentos, se destaca que el nuevo padrón busca acercar a los votantes a sus domicilios, facilitando así el acceso al sufragio. Según la justicia, el trabajo comenzó tras las elecciones de 2023 y fue realizado en conjunto con la Dirección General de Escuelas, el RENAPER y delegados distritales.
También se explicó que se incorporaron más de 500 nuevos establecimientos escolares, muchos de ellos de gestión pública, mientras que otros fueron eliminados por distintos motivos como el cierre de escuelas privadas, obras de refacción, falta de accesibilidad o cambios en la infraestructura.
Otro punto señalado fue la depuración del padrón, donde se eliminaron personas fallecidas o registros con inconsistencias, lo que permitió reubicar a votantes activos en escuelas más cercanas. Asimismo, se aclaró que no se utilizó inteligencia artificial para la elaboración del nuevo padrón, desmintiendo declaraciones previas de voceros del Ejecutivo provincial.
La reorganización también incluyó ajustes en la distribución de electores por orden alfabético, con el objetivo de mejorar la logística interna de las mesas de votación. Sin embargo, desde distintos distritos se reportaron casos de personas que ahora deberán votar en escuelas más alejadas que antes, lo que motivó parte de las quejas.
Más allá de los justificativos técnicos, el trasfondo político del conflicto expone una creciente tensión entre la Provincia y la justicia electoral en un contexto inédito: por primera vez en la historia, la provincia de Buenos Aires votará cargos provinciales en una elección separada de la nacional. En ese marco, las miradas estarán puestas no sólo en los resultados electorales, sino también en el nivel de participación ciudadana, que será clave para medir el impacto de estas decisiones.