Una comisión independiente de investigación nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó un informe que desató un fuerte impacto en la comunidad internacional: Israel estaría cometiendo genocidio en Gaza. El documento, elaborado bajo la coordinación de la jurista Navi Pillay, analiza las operaciones militares israelíes posteriores al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y sostiene que, en ese marco, se han cometido al menos cuatro de los cinco actos tipificados por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Entre ellos, figuran la matanza de miembros del pueblo palestino, el daño físico y mental grave, la imposición de condiciones de vida que conducen a la destrucción del grupo y la adopción de medidas que impiden nacimientos.
El informe describe además la destrucción sistemática de hospitales, clínicas de fertilidad, viviendas, sistemas sanitarios y educativos, así como las restricciones impuestas al ingreso de ayuda humanitaria. Señala que muchas de estas acciones se llevaron a cabo en áreas densamente pobladas y que, según la comisión, altos funcionarios israelíes habrían actuado con conocimiento de que esas operaciones provocarían muertes masivas y un sufrimiento generalizado. Ese elemento, concluye el informe, constituye una evidencia de intención, requisito central en la definición legal de genocidio.
La publicación del documento generó inmediatas reacciones. Israel rechazó de plano las acusaciones, calificándolas de sesgadas y políticamente motivadas, y subrayó que su accionar se enmarca en el derecho a la autodefensa. Sin embargo, la comisión advierte que las violaciones documentadas no pueden entenderse como simples daños colaterales, sino como parte de una estrategia deliberada. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos aliados al pueblo palestino reclamaron medidas concretas, como sanciones, restricciones a la venta de armas y acciones judiciales en tribunales internacionales.
El señalamiento de genocidio tiene profundas implicancias legales y políticas. Según la Convención de 1948, todos los Estados firmantes tienen la obligación de prevenir y sancionar este crimen, lo que abre la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Internacional de Justicia o a la Corte Penal Internacional. También pone en cuestión la responsabilidad de los países que proveen armamento y asistencia militar a Israel.
Más allá de las controversias, el informe de la comisión independiente de la ONU representa uno de los pronunciamientos más severos sobre el conflicto en Gaza y coloca a la comunidad internacional frente a una encrucijada. La pregunta que se abre es si este diagnóstico se traducirá en acciones concretas o quedará en el terreno de las condenas diplomáticas. Mientras tanto, la población civil palestina continúa padeciendo las consecuencias inmediatas de la guerra: escasez de agua, alimentos y medicamentos, destrucción de infraestructura básica, desplazamientos forzados y la incertidumbre cotidiana de vivir en medio de una devastación que, ahora, un organismo internacional califica como genocidio.