La última corrida cambiaria volvió a dejar en evidencia que el gobierno de Javier Milei carece de un rumbo económico consistente. El andamiaje de medidas que hasta hace poco se presentaba como una fortaleza terminó desmoronándose en apenas días, mostrando que el esquema vigente depende más de parches y maniobras de emergencia que de un programa sólido.
El Banco Central, que desde hacía cinco meses no intervenía en el mercado, se vio obligado a vender dólares esta semana. El miércoles fueron 53 millones, pero el jueves el número se multiplicó por siete, alcanzando los 379 millones, siempre al valor máximo de la banda cambiaria: $1474,5. El mecanismo acordado con el FMI, que buscaba dar previsibilidad, exhibió así sus límites.
El ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que el gobierno “venderá hasta el último dólar en el techo de la banda”, al tiempo que endureció restricciones cambiarias sobre operadores financieros y funcionarios. Pero las medidas se parecen más a reacciones desesperadas que a una estrategia planificada: la fuga de confianza ya está instalada y el mercado descuenta que el esquema no llegará indemne a las elecciones.
El oficialismo había apostado a que las reservas –reforzadas con el último desembolso del Fondo– generarían la confianza suficiente para que los agentes económicos evitaran dolarizarse y apostaran al carry trade. Sin embargo, la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires desarmó esa expectativa. En lugar de sostener credibilidad, el plan terminó subordinado al resultado de las urnas.
Las declaraciones del propio Caputo, quien había señalado que “cuando la gente vote y el Congreso entienda que quieren a Javier Milei, todo se ordenará”, reflejan hasta qué punto la política condicionó la estrategia económica. El traspié electoral de septiembre, con una diferencia de 13 puntos, precipitó la desconfianza: los operadores financieros anticipan que el salto cambiario es inevitable y ya buscan cobertura.
A esa fragilidad se suman los compromisos de deuda en dólares: 6.800 millones de vencimientos inmediatos hasta enero, otros 10.000 millones a lo largo de 2026 y cerca de 19.000 millones en 2027 en manos de privados. Con un riesgo país que supera los 1.400 puntos y bonos que cotizan a menos de la mitad de su valor nominal, la posibilidad de una reestructuración futura deja de ser una hipótesis lejana.
El panorama es crítico: intervenir con ventas de reservas puede ganar algunos días, pero cada operación agrava la tensión posterior. Buscar auxilio externo –sea del FMI o de Estados Unidos– otorgaría apenas un respiro transitorio, confirmando la dependencia de financiamiento extraordinario. Y liberar el dólar, aunque aliviaría la presión sobre las arcas del Central, tendría un costo político enorme en vísperas electorales.
La conclusión parece inevitable: el oficialismo enfrenta un dilema entre admitir que desperdició el período de mayor ingreso de divisas sin acumular reservas, o prolongar la agonía apelando a préstamos de emergencia que no resuelven los problemas de fondo. En cualquier caso, el gobierno sigue atado a un esquema que se desarma a cada paso, improvisando sobre la marcha y sin un horizonte económico claro más allá de las próximas elecciones.
Este análisis se basa en un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).