El periodista y abogado de derechos humanos, Pablo Llonto, se refirió a la reciente decisión del Tribunal Oral Federal N° 2 de conceder la libertad condicional a Martín Eduardo Sánchez Zinny, exoficial del Ejército condenado por delitos de lesa humanidad, y las medidas del gobierno nacional que ayudarían a este tipo de procesos.
El represor, que había recibido en primera instancia prisión perpetua, logró la reducción de su condena a 12 años y fue beneficiado con la excarcelación tras cumplir dos tercios de la pena. La fiscalía y las querellas habían advertido sobre la falta de arrepentimiento y el riesgo de la medida, pero los jueces igualmente hicieron lugar al pedido de la defensa.
Llonto advirtió que este tipo de resoluciones se multiplican en un escenario político marcado por el crecimiento de discursos negacionistas. Señaló que si bien en el país se sostienen juicios —con 14 procesos actualmente en marcha—, también se observa una mayor flexibilidad judicial hacia condenados por crímenes de la dictadura, en línea con el clima instalado desde el gobierno nacional y avalado por declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El abogado remarcó que la pasividad de la Corte Suprema frente a estas decisiones refuerza un mensaje de impunidad, lo que genera alarma en organismos de derechos humanos y en víctimas que esperan justicia desde hace décadas. Recordó que desde el Juicio a las Juntas se lograron 353 procesos con 1.202 condenas, pero aún quedan miles de represores sin juzgar, entre ellos numerosos civiles.
Para Llonto, la situación plantea un doble desafío como sostener las investigaciones y juicios en un contexto adverso, y enfrentar el negacionismo instalado en el discurso público. Al respecto, valoró que la sociedad argentina haya demostrado capacidad de reacción, como ocurrió con el rechazo al fallo del “2×1” y con la indignación frente a visitas de legisladores libertarios a genocidas en prisión.
El abogado insistió en que la continuidad de los juicios depende de la presión social y política, y advirtió que el retiro de Argentina de organismos internacionales de derechos humanos, impulsado por el actual gobierno, supone un retroceso en la lucha por memoria, verdad y justicia.
En la entrevista compartió datos interesantes sobre las investigaciones, el poder y la viculación de nuestro país con el mundo en materia de derechos humanos.
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