El conflicto en Acerías Berisso volvió a poner en evidencia las tensiones que atraviesan hoy los trabajadores industriales en un contexto de reforma laboral y desregulación económica. La empresa, dedicada a la fundición de metales y ubicada en la zona de 128 entre 4 y 5, mantiene una deuda superior a los 3.000 millones de pesos y enfrenta denuncias por incumplimiento de aportes previsionales, descuentos indebidos de obra social y condiciones de trabajo insalubres.
Pablo Acuña, integrante de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) regional La Plata, relató que los empleados fueron desalojados de la fábrica en medio de una orden judicial, pese a que el Ministerio de Trabajo había dictado conciliación obligatoria. “Nos retiramos porque había una orden de desalojo inminente. Era poner en riesgo a los compañeros: detrás de esa medida estaba la intención de judicializar el conflicto y hacernos causas penales”, explicó.
La empresa, según denuncian los trabajadores, no sólo incumplió con la medida del Ministerio, que obliga a retrotraer la situación al momento previo al conflicto, sino que directamente mantuvo las puertas cerradas al personal.
Deudas millonarias y fraude previsional
El origen del conflicto se remonta al ingreso de nuevos socios a la firma, entre ellos empresarios del rubro metalúrgico con plantas en Quilmes y Paraguay. A partir de ese cambio, el personal comenzó a notar un deterioro en las condiciones de trabajo y una serie de incumplimientos sistemáticos.
“Estos señores deben más de 3.000 millones de pesos de distintos créditos. Pero, además, no depositan los aportes jubilatorios ni los descuentos de la obra social. Hay compañeros que no pueden jubilarse porque descubrieron que no se hicieron los aportes durante años. Es un delito”, indicó el dirigente gremial.
Acuña agregó que la empresa tampoco abonó los montos retenidos para la obra social de la UOM, pese a que los descuentos se realizaban mensualmente de los recibos de sueldo.
Por otro lado, desde el sindicato advierten además que la gestión actual llevó la producción a una situación insostenible, y que más del 60% del material fundido se desperdicia por mala organización y falta de controles técnicos, lo que genera pérdidas permanentes y una presión creciente sobre los operarios.
Mientras tanto, los trabajadores esperan que la próxima audiencia en el Ministerio de Trabajo, programada para el jueves, permita avanzar hacia una solución que garantice el pago de los salarios adeudados y el cumplimiento estricto de la conciliación.
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