El analista Nicolás Bursi, director del Grupo de Trabajo de OCIPEX, explicó cómo la masacre en las favelas de Río de Janeiro se entrelaza con la campaña electoral de 2026, las tensiones dentro del bolsonarismo y la presión de Estados Unidos sobre Lula da Silva.
Más de 130 muertos en un operativo policial en las favelas de Río de Janeiro encendieron las alarmas sobre la violencia estructural en Brasil y su trasfondo político. En diálogo con Cueste lo que Cueste el licenciado especialista en economía internacional Bursi analizó la compleja trama detrás del episodio.
“Fue un despliegue impresionante, más de 2.000 tropas en las calles. La policía brasileña tiene un nivel de militarización mucho más alto que la argentina, con estructuras y grupos de comando mucho más amplios”, explicó. Y advirtió que “en Brasil operan redes criminales” entre ellos el grupo criminal más grande de América Latina, “con recursos económicos y de fuego difíciles de dimensionar”.
Sobre las cifras, sostuvo que “todavía se están revisando, pero hablamos de más de 130 muertos. Es muy difícil pensar que todos estaban vinculados al crimen organizado; probablemente haya civiles entre las víctimas”.
El analista contextualizó que el operativo se da justo después de que Lula da Silva anunciara su candidatura a la reelección para el 4 de octubre del año próximo, mientras el principal opositor, Tarcísio de Freitas, alcalde de São Paulo, aparece como el candidato más competitivo con Jair Bolsonaro inhabilitado por su intento de golpe de Estado.
Bursi también explicó que en el frente externo “el fin de semana Lula se reunió con Trump para tratar la cuestión arancelaria, que hoy es una de las principales tensiones de su gobierno. Las sanciones impulsadas por Estados Unidos tienen un componente claramente político. El mensaje fue directo: ‘si encarcelan a Bolsonaro, habrá sanciones’”.
El Senado estadounidense votó en contra de aplicar sanciones a Brasil, aunque la medida deberá definirse el año próximo. “Eso muestra que hay movimiento político y diplomático en un contexto muy sensible”, señaló.
En el plano interno, Bursi resaltó que la situación en Río también responde a “una cadena de engranajes políticos”. Explicó que el gobernador Claudio Castro, “bolsonarista de la primera hora”, actuó por su cuenta sin pedir apoyo al gobierno federal.
“Lo que intentó fue dar un golpe en la mesa, mostrarse fuerte contra el narcotráfico y diferenciarse de Lula, justo cuando el gobierno impulsa una enmienda constitucional para mejorar la coordinación en materia de seguridad”, indicó.
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