Tras las elecciones de la semana pasada, pequeñas y medianas empresas comenzaron a revisar sus planes de supervivencia. La expectativa de una reversión del modelo económico o de un freno al ajuste por parte del Congreso se desvaneció rápidamente. En ese contexto, el sector productivo más golpeado del país enfrenta un dilema profundo entre resistir a pérdida o asumir el costo del cierre.
Durante los últimos veinte meses, según datos relevados por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), más de 18 mil empresas empleadoras dejaron de existir, lo que implicó la pérdida de 253 mil puestos de trabajo formales. La dinámica recesiva se traduce también en el corrimiento hacia el monotributo, la informalidad y la precarización, en un proceso que desnuda el debilitamiento estructural del mercado interno.
El fenómeno no se limita a la cantidad de cierres, sino a su naturaleza: las empresas que desaparecen son, en general, industrias con años de trayectoria y decenas de empleados; las que nacen, en cambio, son emprendimientos de subsistencia, comercios pequeños o actividades unipersonales. Detrás de las cifras se esconde la pérdida de una parte significativa del entramado productivo nacional, difícil de reconstruir incluso si el escenario económico mejorara.
El impacto es emocional y material. Las pymes sostienen la vida de miles de familias, y su quiebre arrastra capital, proyectos personales, patrimonios hipotecados y la ilusión de una economía basada en el trabajo. Muchas continúan abiertas apenas para evitar el costo de cerrar, vendiendo maquinaria o stock para afrontar sueldos e impuestos. Es una agonía que se prolonga más por falta de alternativas que por expectativas reales de recuperación.
Por estos motivos, tal como comentó el presidente de la institución, Julián Moreno, desde APYME se impulsó un proyecto de ley de emergencia pyme que contempla medidas paliativas en materia de tarifas, litigios fiscales y contratación laboral, orientadas a frenar la caída del sector. El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados en 2024 y obtuvo dictamen en comisión en mayo de este año, aunque su tratamiento en el recinto se ve hoy comprometido por la nueva correlación política tras las elecciones.
Moreno adviertió que el Estado nacional ha desmantelado las instancias específicas de acompañamiento; ya no existen una Secretaría ni una Subsecretaría PyME, y la política industrial carece de conducción visible. En este panorama, la única esperanza de contención pasaba por el poder legislativo, hoy también reconfigurado y con una mayoría afín al programa económico vigente.
El proceso actual, basado en la valorización financiera, el pago de deuda y el ajuste del gasto público, tiende a profundizar la concentración económica, beneficiando a los grandes grupos exportadores y financieros que pueden soportar o incluso capitalizar la recesión. Las pymes, dependientes del consumo interno y del movimiento del mercado local, quedan fuera de juego.
La anunciada reforma laboral es otro punto de alarma. Desde el sector advierten que, en un contexto recesivo y de debilidad sindical, cualquier flexibilización terminará afectando a los trabajadores y, por extensión, a las pequeñas y medianas empresas que dependen del poder adquisitivo de los salarios. En palabras del propio Moreno, “los sueldos de los trabajadores son nuestro mercado”, y cuando el ingreso cae, cae también la producción.
Mientras tanto, la actividad industrial sigue operando por debajo del 30% de su capacidad instalada y el horizonte se achica. En el país, donde alguna vez soñar con una empresa propia fue símbolo de progreso y arraigo, hoy mantener las persianas abiertas es casi un acto de resistencia.
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