Cada vez más hogares argentinos dependen de la tarjeta de crédito para cubrir sus gastos básicos; lo que hace pocos años era una herramienta de consumo ocasional, como un electrodoméstico, un viaje o una compra especial, hoy se transformó en una extensión del salario. Pero esa extensión tiene un costo altísimo con tasas que superan el 400% anual, cargos ocultos y una morosidad que no deja de crecer.
Según datos recientes de institutos especializados en economía y consumo, casi el 90% de la población mantiene algún tipo de deuda, y cerca del 30% de los hogares utiliza la tarjeta de crédito para comprar alimentos. El Banco Central reconoce una mora del 6,6%, la más alta de los últimos quince años.
El mecanismo es conocido, porque los ingresos pierden poder adquisitivo, el crédito se convierte en un salvavidas momentáneo y, cuando llega el resumen, muchos sólo pueden pagar el mínimo. Desde ese momento se activa un círculo vicioso de intereses punitorios, refinanciaciones y nuevas deudas. En los casos más graves, el atraso desemboca en juicios ejecutivos que multiplican los montos originales.
Para el especialista en defensa del consumidor Adrián Ganino, el problema es económico y cultural. “Hay una enorme falta de educación financiera; la gente piensa que la tarjeta es parte del sueldo, y no una deuda futura. En un contexto de inflación y tasas altísimas, esa confusión es letal”, explicó.
En este sentido, advirtió que los bancos aprovechan esa falta de información, y sostuvo que “la venta atada de productos, los seguros no solicitados o los cargos encubiertos en los paquetes son prácticas ilegales que siguen vigentes. El sistema financiero vive de la desinformación del usuario”.
La ley de defensa al consumidor prohíbe expresamente esas ventas compulsivas y otorga 30 días para impugnar resúmenes, reclamar la baja de servicios no pedidos o exigir la devolución retroactiva de montos cobrados. Sin embargo, pocos usuarios lo saben y muchos desisten de reclamar por desconocimiento o desgaste burocrático.
Por ello, el especialista remarcó la importancia de recurrir a las oficinas municipales de defensa del consumidor, que pueden intervenir y sancionar. “Los municipios están siendo el último eslabón de protección frente a los abusos, pero no todos tienen recursos ni personal capacitado. Sin un Estado activo, el consumidor queda solo frente al poder financiero”, remarcó.
En un contexto de recesión, salarios deprimidos e intereses en alza, Ganino no prevé mejoras inmediatas: “Lo que antes era deuda para consumo, hoy es deuda para sobrevivir. Endeudarse para comer es la nueva normalidad, y eso es devastador para cualquier sociedad.”
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