Se desarrolló la tercera audiencia del juicio político contra la jueza Julieta Makintach, destituida del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y responsable de la anulación del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La magistrada llegó temprano a los tribunales de La Plata, escoltada por sus abogados, repitiendo ante las cámaras una frase que se volvió su marca en las últimas semanas: “Que se sepa la verdad”.
Desde la puerta del anexo del Senado bonaerense, el periodista Pablo Lugano explicó que la jornada podría ser decisiva: “Hoy declaran Verónica Di Tommaso y Maximiliano Sabarino, los compañeros de Makintach en el Tribunal Oral Criminal 3. Son quienes se sienten injustamente acusados por el cruce de chats que los involucra junto al director de Comunicación de la Suprema Corte bonaerense, Ezequiel Klass”.
Según relató el periodista, Makintach “intentó incorporar como prueba una serie de mensajes que ya habían sido desestimados por el tribunal, porque la instrucción está cerrada”. Aun así, insistió con mostrar los chats para sostener que las cámaras en el juicio por Maradona “estaban autorizadas” y que no hubo maniobras ocultas.
Uno de los ejes de la audiencia será determinar para qué fueron autorizadas esas grabaciones. “En teoría las cámaras eran para filmar de manera cerrada el juicio, con fines documentales, como si fuera una versión taquigráfica, “no para viralizar ni para hacer una serie”.
Otro testimonio relevante fue el del fiscal José Ignacio Amayo, de la UFI N°1 de San Isidro, quien lleva adelante la investigación penal paralela. Según contó Lugano, el funcionario judicial describió durante su exposición “cómo fue el allanamiento a la productora y qué encontraron allí; un guión completo con fines comerciales y detalles que solo la protagonista podía haber brindado, como episodios de su infancia y de su vida personal”.
El fiscal también precisó que el material fue hallado “inscripto en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el título Justicia Divina, con un guión gemelo al encontrado en la productora”, lo que refuerza las sospechas sobre un posible uso indebido de información judicial para la realización del documental.
Makintach, mientras tanto, evita el contacto con el público. “Llegó muy temprano, se sentó en un bar frente al Senado y cruzó hacia el anexo rodeada de su ejército de abogados”, contó Lugano, “pasó prácticamente desapercibida; sólo algunos taxistas la reconocieron, pero la mayoría de la gente no le prestó atención”.
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