El gobierno de Javier Milei insiste en presentar su programa económico como un camino inevitable hacia el crecimiento, la modernización y la eficiencia. Sin embargo, los datos del mercado laboral muestran una realidad completamente opuesta: la aplicación disciplinada de un modelo que solo beneficia a sectores concentrados, mientras destruye el entramado productivo que sostiene el empleo argentino. Lejos de ordenar la economía, lo que está ocurriendo es una reconfiguración regresiva del país, donde unos pocos ganan mucho y la mayoría pierde oportunidades, ingresos y futuro.
La evidencia es contundente. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se cerraron 19.164 empleadores—casi 30 por día—y se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados, más de 400 empleos por día. Estas cifras no son un accidente ni una consecuencia imprevista: son la consecuencia previsible de un programa económico que concentra todas sus apuestas en sectores como la minería, el petróleo, el agro, la pesca y, sobre todo, la timba financiera. Son actividades rentables para grupos pequeños, capital-intensivas y con baja demanda de empleo. Mientras estos sectores se expanden, el resto del sistema productivo se desarma: caen la industria, los servicios, el comercio, la construcción y cualquier actividad que dependa del mercado interno. El resultado es un país que funciona para muy pocos.
La caída del empleo no sólo es generalizada: es profunda y estructural. La construcción, por ejemplo, se derrumbó un 16%, un desplome que arrastra a miles de trabajadores y pymes vinculadas. La Administración Pública perdió casi 87.000 trabajadores, afectando áreas claves del Estado y deteriorando capacidades que costaron décadas construir. Además, el 99,63% de los empleadores que cerraron son empresas con menos de 500 trabajadores: la base del sistema productivo argentino. En cambio, los grandes grupos económicos apenas representan el 0,37% de los cierres. Sin embargo, incluso esos sectores de mayor porte expulsaron más trabajadores en términos absolutos: 188.525 empleos perdidos, casi el 70% del total. Es decir, el ajuste no solo castiga a las pymes; también erosiona las grandes estructuras que sostienen miles de empleos.
Este proceso, impulsado deliberadamente por el Gobierno, no puede confundirse con un “ordenamiento macroeconómico”. La caída del salario real, el derrumbe del consumo, la parálisis industrial y la destrucción de empleo conforman una dinámica recesiva que se retroalimenta. Con menos empresas en pie, hay menos actividad; con menos actividad, menos trabajo; con menos trabajo, menos consumo; con menos consumo, más recesión. Es un círculo vicioso que varios funcionarios celebran como señal de “sinceramiento”, cuando en realidad es la antesala del empobrecimiento duradero.
El mileísmo no está construyendo un modelo de desarrollo. Está consolidando un país primario, dependiente, extractivo, donde unos pocos sectores concentrados obtienen ganancias extraordinarias mientras la inmensa mayoría ve reducirse sus ingresos, su estabilidad y su horizonte. Sin industria, sin mercado interno, sin Estado y sin trabajo digno, no hay proyecto colectivo posible. Lo que este programa económico propone es una Argentina achicada, donde la movilidad social deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio.
El Gobierno pide paciencia y fe en un futuro que no llega. Pero la realidad es más simple: un modelo económico que destruye empleo no puede construir un país. Y mientras se desmantelan capacidades productivas, se pierden empresas y se expulsan trabajadores, crece la sensación de que el país está siendo llevado hacia un destino de exclusión. La pregunta, entonces, no es cuándo llegará el supuesto crecimiento, sino cuánto más puede soportar una sociedad cuando el modelo mismo está diseñado para que la mayoría quede afuera.