En entrevista con FM TresCiudades el Secretario General de la CTA Capital Regional Norte y Secretario Gremial de junta interna ATE INTI, Sebastián Baldomir, nos contó la realidad del sector y de miles de trabajadores afectados por un fuerte proceso de ajuste y amedrentamiento desde la llegada del gobierno de Javier Milei.
Al respecto, advirtió que la situación salarial y laboral se deteriora al ritmo de una política “decidida a recortar derechos y disciplinar a los empleados”. Aseguró que los salarios están “pisados desde hace casi un año” y que, en paralelo, la conducción reemplazó a la Policía Federal por Gendarmería, instaló nuevas cámaras y reforzó los controles internos con un objetivo que describe como “claramente intimidatorio”.
Según planteó, la gestión que asumió en diciembre “viene mucho más decidida al apriete”, junto con un recorte de insumos, líneas de trabajo paralizadas y una desatención general hacia la ciencia y la tecnología.
Aunque no hubo despidos formales, sí se produjeron 100 no renovaciones de contratos monotributistas, que desde ATE consideran como despidos encubiertos. Antes del cambio de gobierno había unos 400 trabajadores bajo esa modalidad, y otro centenar estuvo en riesgo de perder su puesto. A partir de la organización sindical lograron revertir buena parte de esas bajas y avanzar con 170 pases a planta bajo la Ley de Contrato de Trabajo, aunque aún quedan alrededor de 36 trabajadores en situación precaria.
Además, se cayeron 19 becas consideradas estratégicas para áreas de investigación y desarrollo. “Las becas son esenciales, son profesionales que se forman dentro del instituto, y encima el costo es bajísimo”, remarcó. Los montos van de 230 a 360 mil pesos, cifras que no representan un impacto presupuestario significativo para el INTI.
La caída de becas provocó la paralización de proyectos en distintas sedes del organismo. En Tucumán, por ejemplo, tres becarios habían desarrollado un trabajo conjunto con el gobierno provincial, que incluso ofreció financiar la continuidad del programa. “Solo pedían que el INTI pagara el seguro y firmara el convenio, y aun así se negaron”, comentó el secretario, quien interpretó la decisión como parte de una lógica de “mostrar poder y disciplinar”.
A esta situación se suma la pérdida de controles que históricamente realizaba el INTI y que ahora se transfieren a la esfera privada. Desde las balanzas de supermercados y cerealistas hasta los surtidores de nafta, las tetinas de mamaderas, los envases PET o los componentes de seguridad de los automóviles, el organismo cumplía un rol clave en la protección del consumidor. “Todo esto se hace para que no nos envenenemos y para garantizar que lo que consumimos es seguro. Sin esos controles, el riesgo lo asume la ciudadanía”, advierte. En el caso de la industria automotriz, por ejemplo, se retiraron verificaciones sobre cinturones, frenos y airbags que determinan la calidad mínima de seguridad.
Es por ello que “el único límite que tiene hoy el gobierno somos las organizaciones sindicales, para defender la ciencia, la tecnología y la seguridad de todos”.
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