El secretario general de la mesa directiva nacional de AEFIP, Pablo Flores, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral que el presidente envió al Senado y que se busca aprobar antes de fin de año. En diálogo con Cueste lo que Cueste, aseguró que se trata de “una iniciativa regresiva, redactada por los estudios jurídicos de las grandes corporaciones”, y confirmó que la CGT realizará una movilización nacional el jueves 18 de diciembre con concentración principal en Plaza de Mayo.
Flores explicó que el consejo directivo de la CGT ya fijó una postura unánime de rechazo y que la convocatoria apunta tanto a frenar el proyecto como a expresar ante el Presidente “la responsabilidad política que tiene en el ingreso de esta reforma”. Señaló que la central obrera viene advirtiendo que toda modificación en el mundo del trabajo debe surgir del diálogo con los trabajadores, y no de una imposición “apresurada y sesgada”.
El dirigente remarcó que, pese a que muchos sectores reconocen la necesidad de modernizar normas laborales ante un escenario con casi la mitad de la fuerza laboral en la informalidad, el texto presentado por el Ejecutivo “ataca de manera profunda las herramientas de negociación colectiva y la fortaleza organizativa del movimiento obrero”. Entre los puntos más sensibles mencionó la eliminación de la ultraactividad de los convenios, la posibilidad de fragmentar negociaciones a nivel local para rebajar condiciones y un avance general contra los derechos colectivos construidos históricamente.
Uno de los ejes más cuestionados es el capítulo de indemnizaciones. La reforma propone reducir la base de cálculo, excluir vacaciones, aguinaldo y propinas al considerarlos “no remunerativos en especie”, y autorizar a las pymes a pagar despidos en cuotas. Además, fija un mecanismo de actualización de montos litigiosos según IPC más un 3%. Para Flores, detrás de estas modificaciones se esconde “el objetivo central del empresariado, el de despedir barato y fomentar la rotación permanente”.
Sobre la extensión de la jornada laboral de 8 a 12 horas, el secretario general de AEFIP advirtió que la medida es “retrógrada”, contraria a las tendencias internacionales y a estudios de la OIT que muestran que reducir horas semanales aumenta la productividad. “Hablan de modernizar, pero esto nos lleva a la Edad de Piedra”, afirmó.
También señaló que la reforma no incentiva la creación de empleo, sino que consolida un modelo de precarización. Recordó que medidas previas como la eliminación de multas por empleo no registrado o la figura del “colaborador” no generaron puestos de trabajo y sí profundizaron la informalidad. “Cuando el Gobierno plantea como ejemplo el modelo peruano, donde el 80% de la economía es informal, queda claro cuál es su horizonte, la desaparición de la clase media”, sostuvo.
Otro punto crítico es la redefinición del concepto de salario, que habilita pagos en moneda extranjera y en especie. Flores alertó sobre la reaparición de sistemas similares a los tickets de canasta, que en el pasado derivaron en negocios para financieras que compraban esos bonos al trabajador por valores inferiores. Además, cuestionó los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), una suerte de sistema paralelo para indemnizaciones que termina en manos del sector financiero y erosiona aportes a la seguridad social.
La reforma también elimina la obligatoriedad de que las empresas retengan la cuota sindical, lo que según Flores busca desfinanciar a las organizaciones y atomizar el poder de negociación. Al reemplazar la retención obligatoria por una cláusula que indica que el empleador “podrá” efectuar el descuento, se abre la puerta a que directamente no lo haga. “Esto incentiva la fragmentación y debilita la negociación nacional por actividad”, indicó.
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