La ciudad de La Plata presentó su Plan Integral de Seguridad 2026 mientras, a pocas cuadras del Hospital San Martín, un joven de 23 años era asesinado de un disparo en la cabeza en la zona de 2 entre 80 y 80 bis. El hecho, ocurrido horas antes del anuncio oficial, volvió a poner en tensión el contraste entre los lineamientos institucionales y la realidad cotidiana de los barrios.
El crimen, cuyas circunstancias aún no fueron esclarecidas, se produjo en un sector altamente transitado de la ciudad; no hubo confirmación oficial sobre si se trató de un robo, un ajuste de cuentas o un enfrentamiento previo, pero sí quedó expuesta una vez más la fragilidad de la seguridad urbana en zonas donde vecinos y vecinas circulan a toda hora. El joven llegó con vida al hospital, ubicado a unas diez cuadras del lugar del ataque, pero no logró sobrevivir.
El episodio se suma a una serie de hechos violentos registrados en los últimos meses en distintos puntos de La Plata, como Alto San Lorenzo y las inmediaciones del Club de Planeadores, donde otros jóvenes perdieron la vida en contextos de extrema violencia. Casos que, aunque aislados en su ejecución, conforman un patrón que interpela de manera directa a las políticas públicas de seguridad y justicia.
En ese marco, el Ejecutivo municipal presentó el Plan Integral de Seguridad 2026, que prevé una inversión de 10.400 millones de pesos. Entre los ejes centrales se destaca la ampliación del sistema de videovigilancia; a las mil cámaras actualmente operativas se sumarán 1.200 nuevas durante el próximo año, alcanzando un total de 2.200 dispositivos en toda la ciudad. El sistema estará centralizado en el Centro de Monitoreo ubicado en el edificio de 20 y 50.
La expansión del esquema de cámaras se apoya en un acuerdo aprobado recientemente por el Concejo Deliberante y ejecutado por una empresa que ya presta servicios similares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, persisten interrogantes sobre los plazos de instalación y la distribución territorial de los nuevos equipos, en una ciudad que arrastra antecedentes de cámaras inactivas o fuera de funcionamiento.
Otro de los anuncios relevantes fue la renovación del parque automotor destinado al patrullaje. Según lo informado, el municipio pasó de contar con 16 patrulleros en condiciones deficientes a disponer actualmente de 120 móviles, que serán reorganizados en nuevas cuadrículas bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad local, en articulación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El plan también contempla la implementación de un anillo digital con lectores de patentes en 50 accesos estratégicos a la ciudad, con el objetivo de controlar el ingreso de vehículos provenientes de otros distritos. A esto se sumará la construcción de tres grandes puestos de control en los principales corredores de acceso, como el Camino Centenario, el Camino Belgrano, la avenida 44 y la ruta 520.
Más allá del despliegue tecnológico y logístico, la estrategia oficial incorpora el funcionamiento de una mesa de política criminal que articula a distintas áreas del Estado, incluyendo el sistema judicial. El enfoque apunta a un abordaje integral del delito que contemple tanto la prevención como la intervención penal y social, con especial atención en las problemáticas vinculadas a la niñez y la adolescencia.
Sin embargo, los antecedentes recientes ponen en duda la efectividad de ese entramado institucional. Casos como el de Kim Gómez, la niña asesinada durante un robo en la zona de 25 y 72, expusieron fallas graves en los mecanismos de prevención y contención, incluso cuando existían advertencias previas realizadas por familiares ante la Justicia. A esto se suman denuncias sobre explotación, narcotráfico y utilización de menores que no avanzan en los tribunales, pese al tiempo transcurrido.
En ese contexto, la seguridad aparece como una problemática que excede largamente el número de cámaras, patrulleros o controles vehiculares. La persistencia de la violencia, el avance del narcotráfico en los barrios, la falta de respuestas judiciales y la ausencia de políticas sociales integrales configuran un escenario donde los anuncios conviven con una realidad que sigue cobrando vidas.
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