En un contexto de fuerte conflictividad social y ajuste sobre el sistema educativo y el mundo del trabajo, trabajadores universitarios y organizaciones sindicales de la región capital se suman a la movilización convocada en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. La protesta tiene como uno de sus ejes centrales la defensa de la universidad pública, seriamente golpeada por la pérdida presupuestaria, la caída salarial y el éxodo de docentes y no docentes.
Desde la Universidad Nacional de La Plata, Ignacio Bruno, secretario gremial de ATULP, advirtió que el balance de los últimos dos años para el sistema universitario es “muy grave”. Las universidades perdieron entre un 35 y un 40 por ciento de poder adquisitivo, se deterioraron las condiciones laborales y se produjo una sangría de recursos humanos que afecta directamente la calidad educativa. “Muchos docentes se fueron porque ya no pueden sostener esta situación”, expresó.
Pero la situación universitaria se inscribe en un escenario más amplio de ofensiva contra los derechos laborales y sociales. En ese marco, Bruno marcó que la movilización y el rechazo en el Congreso son hoy las principales herramientas frente a un gobierno que, lejos de improvisar, actúa con una estrategia clara respaldada por estudios jurídicos empresariales. “No son ingenuos ni improvisados. Hay un entramado político y económico muy fuerte detrás de cada una de estas medidas”, planteó.
Uno de los puntos de mayor preocupación fue el intento del oficialismo de condicionar el financiamiento universitario y las políticas de discapacidad a otras variables presupuestarias, en una maniobra que generó fuerte rechazo parlamentario. La presión social y territorial de las comunidades educativas y de los propios pueblos fue clave para que el gobierno sufriera derrotas significativas en el tratamiento del presupuesto, entre ellas la imposibilidad de eliminar la ley de financiamiento universitario.
Además, Bruno subrayó que el impacto que tendría el ajuste sobre la federalización de la educación superior, un proceso que permitió que miles de jóvenes pudieran estudiar sin emigrar a grandes ciudades como La Plata. “Hoy mandar un pibe del interior a estudiar acá cuesta dos millones de pesos por mes; es imposible para una familia trabajadora. Las universidades del interior permitieron arraigo y desarrollo, y eso está en riesgo”, afirmó.
Respecto a la jornada de protesta, anticipó una movilización masiva pese al cansancio social y a las altas temperaturas. “Los trabajadores organizados salen a la calle no por un interés económico, sino porque tienen ganas de decir lo que piensan”.
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