Un tenso conflicto vecinal quedó bajo investigación judicial en la ciudad de Berisso, luego de que una mujer de 32 años denunciara haber sido agredida y amenazada de muerte por un pastor evangélico y por su hija, en el marco de una discusión originada por ruidos provenientes de un templo lindero a su vivienda.
Según consta en la presentación policial, el episodio principal ocurrió el 1° de noviembre, alrededor de las 16, en un inmueble ubicado en calle 153 entre 9 y 10. De acuerdo al relato de la denunciante, los ruidos a alto volumen serían reiterados y se registrarían en distintos horarios. Ese día, al regresar a su casa y escuchar nuevamente música fuerte, decidió ingresar al lugar para pedir que cerraran la puerta y bajaran el volumen.
Siempre según la denuncia, al retirarse fue interceptada por la hija del pastor, de 27 años, quien la acusó de haber ingresado y grabado sin autorización. La discusión habría escalado rápidamente, la mujer sostuvo que fue amenazada, que intentaron quitarle el teléfono y que, en medio de un forcejeo, fue arrojada al suelo. La situación provocó la intervención de otras personas que se encontraban dentro del templo.
La denunciante señaló además que debió refugiarse en la casa de una vecina para resguardar su integridad y que, más tarde, al intentar mediar un vecino y una amiga suya que es policía, se habrían producido nuevas agresiones verbales y amenazas, esta vez -según su versión- por parte del pastor, su hija y otros fieles.
El descargo del pastor
Ante la difusión del caso, el pastor Juan Osman negó de manera categórica las acusaciones. A través de un descargo público, en sus redes sociales, sostuvo que no existieron amenazas ni agresiones de su parte y afirmó que, por el contrario, fueron víctimas de hechos de violencia por parte de personas ajenas a la congregación que habrían ingresado al templo.
El religioso aseguró que la situación también fue denunciada ante la Justicia y remarcó que lo publicado responde a una acusación unilateral, sin resolución judicial, que afecta su buen nombre y el de su comunidad. Señaló además que existe una medida cautelar vigente, que están respetando, y que todas las pruebas fueron presentadas por las vías legales correspondientes.
“Una denuncia no es una condena”, expresó, y advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales ante la difusión de información que considere falsa o malintencionada.