La reciente acción unilateral del gobierno de Donald Trump al capturar y trasladar forzosamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, marca otro precedente funesto, peligroso, y antidemocrático en la historia de las relaciones internacionales. Más allá de las afinidades o rechazos que pueda despertar la figura del mandatario venezolano, lo que ha ocurrido es, en términos jurídicos estrictos, un secuestro de Estado que dinamita los cimientos de la convivencia global.
El derecho internacional no es una sugerencia opcional para las potencias; es el marco que impide que el mundo regrese al estado de naturaleza donde impera la ley del más fuerte. Al detener a un jefe de Estado en ejercicio, Estados Unidos ha violado flagrantemente la inmunidad soberana (principio de ratione personae), que protege a los mandatarios de la jurisdicción penal de otros Estados para garantizar la estabilidad global.
Este acto no es una “operación de justicia”, sino una exhibición de intervencionismo desenfrenado. La soberanía de las naciones no puede estar sujeta al arbitrio de la Casa Blanca. Cuando un país se arroga el derecho de ser juez, jurado y verdugo en territorio ajeno, la democracia deja de ser un ideal para convertirse en una coartada del imperialismo.
Resulta alarmante la normalización de la violencia como herramienta política. La narrativa oficial estadounidense pretende vender este atropello como una “defensa de la democracia”. Sin embargo, la democracia no puede ser rescatada mediante la violación de los tratados que la sostienen. Al validar la fuerza bruta y el rapto como métodos de resolución de conflictos políticos, se abre una caja de Pandora donde cualquier líder que resulte incómodo a los intereses de Washington podría ser el próximo objetivo de una operación tipo comando.
No se puede defender el orden jurídico internacional destruyendo sus normas básicas. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la ley.
La insostenible doble vara de Washington
Lo que termina de desnudar la hipocresía de esta acción es el silencio cómplice y la protección activa que Estados Unidos brinda a otros actores internacionales. Resulta paradójico —y éticamente indefendible— que mientras se utiliza toda la maquinaria militar para secuestrar a Maduro, la administración Trump ignore deliberadamente las órdenes de captura de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
¿Por qué Maduro es un objetivo legítimo de “extradición forzada”, sin exhibirse prueba alguna, ni menos probarse delito alguno, mientras Netanyahu, acusado de crímenes de guerra documentados, es recibido con honores y protegido de la justicia internacional? Esta doble moral confirma que para Washington la justicia es selectiva y solo se aplica a los enemigos geopolíticos, mientras que la impunidad es el privilegio de sus aliados estratégicos.
No podemos permanecer indiferentes ante la erosión de las normas que nos separan del caos. Aceptar el secuestro de un presidente como un hecho consumado es aceptar que las fronteras ya no existen y que el derecho internacional ha muerto. La comunidad internacional debe condenar este retroceso hacia la barbarie diplomática, pues de lo contrario, el único derecho que quedará vigente será el de la fuerza.