La concentración extrema de la riqueza alcanzó en 2025 niveles récord y ya no es solo un fenómeno económico. Según un informe reciente de la organización internacional Oxfam, el crecimiento acelerado de las grandes fortunas está modificando el funcionamiento de las democracias, al trasladar el poder de decisión desde la ciudadanía hacia un grupo cada vez más reducido de personas con enorme capacidad económica.
El documento señala que la riqueza de los milmillonarios creció más de un 16% en un solo año, casi tres veces más rápido que el promedio de los últimos cinco. Hoy existen más de 3.000 personas en el mundo que concentran una riqueza equivalente —o incluso superior— a la de la mitad más pobre de la población global. Para Oxfam, este nivel de desigualdad está dando lugar a lo que define como una nueva oligarquía global.
Cuando la desigualdad se vuelve política
El informe advierte que esta acumulación de riqueza se traduce directamente en influencia política. Las grandes fortunas tienen muchas más posibilidades de financiar campañas, incidir en leyes, presionar gobiernos, controlar medios de comunicación o acceder a cargos de poder. En términos concretos, una persona milmillonaria tiene miles de veces más probabilidades de influir en la política que cualquier ciudadano promedio.
Este proceso convierte la desigualdad económica en desigualdad política, debilitando la representación democrática y alejando las decisiones públicas de las necesidades de la mayoría.
Un fenómeno global con expresión local
Aunque el informe analiza una tendencia mundial, sus efectos también se reflejan en la Argentina. En un contexto marcado por el ajuste económico, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la conflictividad social, el debate sobre el rol de los grandes grupos económicos volvió a ocupar un lugar central.
Oxfam incluye entre los representantes de esta élite global a empresarios con fuerte presencia en el país, como Marcos Galperin y Eduardo Eurnekian, señalando cómo la concentración de riqueza se combina con capacidad de incidencia política y mediática. Se trata de actores que participan activamente del debate público y que, al mismo tiempo, se ven beneficiados por decisiones económicas y fiscales clave.
Ajuste, protesta y respuesta estatal
El informe también advierte que, frente al aumento del costo de vida y el descontento social, muchos gobiernos responden con recortes de derechos, restricciones a la protesta y mayor control social, en lugar de discutir políticas redistributivas. Este patrón, señala Oxfam, profundiza la desconfianza ciudadana y debilita aún más la democracia.
En paralelo, se instala un discurso que desplaza responsabilidades hacia trabajadores, movimientos sociales o sectores vulnerables, mientras la concentración de poder económico queda fuera del centro del debate público.
Una advertencia para las democracias
La conclusión del informe es clara: no es posible sostener democracias sólidas con niveles extremos de desigualdad. Sin políticas que limiten el poder de las grandes fortunas —como impuestos justos, controles al financiamiento político y mayor transparencia— el riesgo es avanzar hacia sistemas donde las decisiones queden cada vez más concentradas en pocas manos.
La discusión no es lejana ni abstracta. En la Argentina actual, atravesada por fuertes tensiones económicas y sociales, con una concentración cada vez mayor de la riqueza, con grandes corporaciones económicas, mediáticas, y judiciales que manejan como títeres a gobiernos más allá del tinte político, el interrogante sigue abierto:
¿Quién tiene hoy el poder real para decidir el rumbo del país? ¿Las corporaciones o las y los ciudadanos a través de su voto?